Los trabajadores de Nueva Julia recogen 5.191 firmas de apoyo para volver al tajo
Denuncian que la paralización de la mina fue tomada al margen de sus intereses.
Imagen de archivo de la explotación a cielo abierto ubicada en Cabrillanes.
El Colectivo de Trabajadores de la explotación a cielo abierto Nueva Julia, perteneciente a la localidad babiana de Cabrillanes, ha presentado 5.191 firmas recogidas desde principios del pasado mes de febrero en apoyo a la restitución de los puestos de trabajo de los 65 empleados de empresa en situación de Expediente de regulación de Empleo. Los mineros presentaron estas firmas ante la Subdelegación del Gobierno y ante la delegación territorial de la Junta, acompañadas por un conjunto de cartas de familiares de estos trabajadores menores de edad y un acta de declaraciones firmada ante notario por este colectivo.
En el acta de declaraciones se deja constancia de que los trabajadores han sido afectados por resoluciones del Juzgado número 1 de lo Contencioso y Administrativo de fechas 18 y 19 de enero, en virtud de las cuales se paraliza la actividad en la Explotación a Cielo Abierto Nueva Julia. Además, se concreta que dichas resoluciones fueron dictadas sin tener en cuenta los intereses de los trabajadores que realizan dicha actividad y que sostienen la paralización de la actividad con fundamento en los perjuicios que se podrían ocasionar a la existencia del urogallo.
Este colectivo de trabajadores afirma que las resoluciones judiciales resultan «totalmente injustas y desacertadas», al dictarse sin oír a los trabajadores afectados.
Parados desde el 4 de febrero. La paralización de Nueva Julia, que dejó de funcionar el pasado 4 de febrero, fue decidida por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León, que aceptó la medida cautelar solicitada por los grupos ecologistas de Filón Verde, y por Montañas de Babia y Luna en su recurso contra la licencia ambiental y urbanística que en su día concedió el Ayuntamiento de Cabrillanes. En dos autos, el juez reconoce que la entonces MSP obtuvo la aprobación de los proyectos.
Sin embargo, considera que las licencias no respetan la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pide evaluar la repercusiones de las explotaciones para la población de urogallos.