La Junta y Villablino esperan que la Comisión acepte la próxima semana el cierre ordenado de Fonfría

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento leonés de Villablino esperan que la próxima semana la Comisión Europea responda, tras realizar una consulta jurídica, sobre las medidas que deben adoptar para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ordena el cierre del cielo abierto de Fonfría y acusa a España de incumplir desde diciembre de 2004 varias directivas medioambientales permitiendo la explotación a cielo abierto cerca del Alto Sil.

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, mantuvo hoy un encuentro con la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, dentro de una ronda de contactos para mostrar a Europa el apoyo social, político y medioambiental de Castilla y León a la actividad minera a cielo abierto. Precisamente, antes de que se conozca el dictamen de la Comisión, la regidora lacianiega se reunirá con la presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac.

Este encuentro se produjo tras el viaje que realizó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a Bruselas para reunirse con el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, al que trasladó las consecuencias sociales del cierre de los cielos abiertos y le planteó la elaboración de un plan autonómico -que podría estar listo en un plazo medio de seis u ocho meses-, que permitirá a Castilla y León reordenar, legalizar plenamente las actividades económicas y al mismo tiempo cumplir ordenadamente la sentencia del Tribunal con sede en Luxemburgo.

Al respecto, Durán, también secretaria de Energía y Minas del PSCyL-PSOE, confía en que la Comisión acepte un cierre ordenado de Fonfría, por lo menos con un periodo de 18 meses, para llevar a cabo la restauración y recuperación del entorno. Además, al ganar tiempo también podría valorar el plan de la Junta e incluso arbitrar medidas que permitan reducir la afección al medio ambiente, como la disminución del ruido o de las detonaciones.

Asimismo, Durán recordó que la Declaración de Impacto Ambiental de Fonfría, la licencia que está en litigio, es anterior a la declaración del espacio Alto Sil como Red Natura y Directiva Hábitat. Por su parte, Villanueva comprometió el cumplimiento «estricto» de la sentencia del Tribunal europeo y apostó por un cierre ordenado.

Sentencia

El Tribunal de Luxemburgo respaldó la denuncia que realizó la Comisión Europea y acusó a España de incumplir varias directivas medioambientales en la explotación a cielo abierto de las minas del Feixolín, (operativa entre 2000 y 2008), Fonfría (en servicio desde 2001 hasta 2010) y la ampliación de la primera.

Estimó que desde que el Alto Sil fue declarada zona de protección especial en el año 2000, el Estado español ha incumplido las obligaciones que le corresponden en relación a la Directiva relativa a los hábitats, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los espacios naturales, el hábitat de las especies y haber permitió perturbaciones significativas para el urogallo.

El Tribunal acusó además a España de no tomar «a su debido tiempo» las medidas necesarias para frenar los trabajos de la ampliación del Feixolín, entre 2005 y 2009, sabiendo que no contaban con la autorización pertinente, y permitió así que continuasen las perturbaciones que afectaban al Alto Sil. El texto de la sentencia señalaba, por otra parte, que los ruidos y las vibraciones que ocasionan las minas a cielo abierto y el consiguiente cierre del corredor de Leitariegos a consecuencia de estas explotaciones, constituyen perturbaciones en el Alto Sil que afectan especialmente a la especie del oso pardo. Según un informe ambiental fechado el 7 de noviembre de 2008 sobre el proyecto del Feixolín, los osos se alejan entre 3,5 y cinco kilómetros de esta zona de trabajo por el ruido y las vibraciones que ocasiona.

Cabe recordar que esta sentencia se produjo después de que en diciembre de 2004, la Comisión Europea avisara a España sobre el peligro de estas explotaciones y le diese de plazo hasta el 1 de febrero de 2009 para que pusiese fin a los trabajos. El Tribunal insta al Estado a ejecutar de manera inmediata las medidas necesarias para terminar con su infracción y si continúa incumpliendo sus obligaciones medioambientales, podría ser sancionada.