Empresarios mineros reclaman el mismo trato que Hunosa en el reparto de ayudas
Patronal y sindicatos exigen a Industria que se siente de una vez a negociar.

Empresarios y sindicatos advierten de que la situación es crítica y el empleo en las minas se resentirá.
El nuevo recorte que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2013 supone para el sector del carbón provoca el rechazo unánime de empresarios y sindicatos, aunque la rebaja ya estaba asumida por el sector, que ahora demanda que se tomen medidas para evitar que los recortes en la producción tengan una repercusión negativa en el empleo. Y reclama que el diálogo se retome en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, es decir, con el Gobierno como interlocutor; aunque reconoce que las previsiones para el próximo año dejan bien a las claras que el Ministerio de Industria tiene ya diseñado de manera individual por dónde va a ir el Plan del Carbón que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
El encuentro que ayer celebraron las empresas representadas en Carbunión y los sindicatos mayoritarios para valorar los nuevos presupuestos dejó encima de la mesa poco más que la petición al Gobierno para que se siente a negociar. Y evidenció que la situación límite en la que se encuentran las empresas impiden que adopten una postura conjunta frente a las decisiones del Ejecutivo.
Ocurre por ejemplo con la disparidad de criterios a la hora de repartir las partidas presupuestarias entre la minería privada y la pública. El hecho de que a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Hunosa disponga para el 2013 de una línea que engorda en 51 millones de euros las cuentas del actual ejercicio es interpretada desde las empresas privadas como «sorprendente».
A parte de abogar por un «reparto más equitativo, porque no es de recibo un ajuste tan divergente entre el sector público y el privado»; cada empresa parece encerrada en solucionar sus problemas. Respecto a las previsiones presupuestarias del ministerio para el conjunto del sector, desde Carbunión señalan que «confirman que no se trata de una situación coyuntural, sino estructural, que marca el punto de partida del siguiente plan marco de actuación del sector».
Desde los sindicatos lamentan que los presupuestos profundicen en un ajuste del sector que llevó a las movilizaciones de los últimos meses. El responsable de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CC.OO., Juan Carlos Álvarez Liébana, señala respecto al incremento presupuestario de Hunosa frente al recorte al sector en general que es «una buena noticia y nos alegra, porque en todo caso soluciona los problemas al menos de una empresa. Otra cosa es que valoremos negativamente el recorte que se hace a otras empresas, pero desde los sindicatos entendemos la minería en general, no diferenciamos la pública de la privada».
Añade que «Hunosa siempre ha tenido un trato diferente al resto de las empresas, y no tendría por qué dejar de tenerlo en este momento. Lo que es de lamentar es que no se nos haya atendido cuando hemos pedido que no se aplique el ajuste con esta severidad al resto de las compañías mineras».
Final de un marco
Respecto a las previsiones en general para el sector que el Gobierno evidencia en el proyecto de presupuestos, Álvarez Liébana apunta que «lo sitúa en términos de eliminar el marco en el que se movía hasta ahora»; algo que considera «muy peligroso porque acaba con el planteamiento negociador que se había mantenido hasta ahora». Lamenta además que la «decisión unilateral del Gobierno» deje de tener en cuenta «los parámetros sociales y territoriales anteriores».
Empresarios y sindicatos llaman al departamento que dirige Soria a convocar la mesa de negociación, antes de que los expedientes de suspensión temporal de empleo que están presentando ya las empresas se transformen en despidos. «La situación es crítica, señala el responsable de CC.OO., y el Gobierno debería hacer un ejercicio de responsabilidad. Si no puede hacer nada por la vía de los presupuestos, habrá que buscar alternativas que no pongan en peligro la producción de las empresas, y por tanto el empleo».
Los sindicatos esperan a esa reunión con el Gobierno antes de tomar decisiones sobre movilizaciones que «serán ajustadas a ese momento».