Cifran en 200 euros por hectárea el coste para el agricultor
La Alianza por la Unidad del Campo, integrada en León por las organizacioens profesionales agrarias Ugal-UPA y Ucale-Coag, calcula que los regantes pagarán unos 200 euros más por hectárea al año a causa de la «ruptura unilateral» la semana pasada del acuerdo firmado el 24 de mayo de 2007, en el que la Junta se comprometió a abonar 30,55 millones de euros en 25 anualidades para auxiliar los gastos financieros para la modernización de regadíos y que consistía en una subvención de dos puntos de interés respecto a las cantidades que deben aportar los agricultores, informó Ical.
La Alianza considera «del todo inaceptable» la decisión de la Junta, que obligará a los 26.000 agricultores afectados a desembolsar de 24,3 millones de euros, que se suman al esfuerzo inversor realizado. «Además de crear una falta de confianza en la Junta de Castilla y León, ya que no es el primer acuerdo que la Consejería rompe de manera unilateral».
Medidas de presión
La deuda que actualmente acumula la Consejería de Agricultura con las comunidades de regantes ronda los 4,5 millones y afecta a 79.000 hectáreas. «Si este acuerdo se rompe supondría un importante varapalo económico para los regantes, ya que conllevaría un incremento en la cuota anual a cargo de los agricultores que realizaron la modernización de los regadíos», denunció la organización.
La Alianza por la Unidad del Campo, que asistió ayer a la reunión de comunidades de regantes que celebró Ferduero en Hospital de Órbigo, anunció su apoyo a todas las medidas reivindicativas que se acuerden por las comunidades de regantes, entendiendo que si la Consejería de Agricultura «no cumple sus compromisos con los agricultores, rompiendo de forma unilateral los acuerdos con los regantes, éstos no deberían abonar ni un sólo euro, ya que los convenios se considerarían invalidados».
Otro incumplimiento
El sindicato agrario recordó que hace unos meses el departamento dirigido por Silvia Clemente eliminó la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha, que también estaba comprometida tras la última reforma de la Organización Común del Mercado del Azúcar y que garantizaba a los cultivadores un precio mínimo de 40 euros por tonelada. También entonces Clemente apeló al precio del azúcar para justificar su decisión.