Villanueva desconoce si Soria envió a Bruselas el plan de cierre o el del carbón
El consejero asegura que los 111 millones no saldrán del presupuesto de este año.

Los líderes sindicales mineros se reunieron con el equipo de Villanueva en Valladolid.
El Gobierno no ha convocado la negociación del Plan del Carbón 2013-2018, por lo que «difícilmente puede haberse elaborado y enviado a Bruselas». Por eso el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, considera que puede estar produciéndose una confusión en las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, y que el plan que haya enviado el ministerio a la UE sea el de cierre de las explotaciones exigido en el reglamento europeo, y no el nuevo marco de actuación del sector para los próximos años, que debía haber entrado en vigor el pasado día 1.
En cualquier caso, el consejero de Castilla y León (del PP) reconoció ayer, tras una reunión con los sindicatos mineros y las que ha mantenido estos días con los empresarios del sector, que desconoce qué es lo que el Gobierno ha enviado; y que no existe diálogo con el Gobierno central (también del PP). A falta de explicaciones, Villanueva confía en que «no se haya enviado un plan en el que Castilla y León tiene mucho que decir, sobre un sector en el que cree y por cuya competitividad pretende luchar».
El responsable económico de la Junta puntualizó ayer que en un año del Gobierno del PP «ha habido contactos entre los altos cargos de los departamentos», aunque admitió que «también es verdad que no hemos conocido con claridad decisiones fundamentales para el sector. Y que nos han asegurado, por ejemplo, que las ayudas se pagarían un día, luego no ha sido así y no sabemos el motivo».
Reunión
El consejero se reunirá el próximo día 24 con el recién llegado secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, al que además de las urgencias del carbón pretende plantearle la importancia del sector energético en general para la Comunidad y los problemas que está causando la indefinición legislativa del Gobierno, en sectores por ejemplo como el eólico, con una potente industria alternativa «que está totalmente paralizada».
El consejero señaló ayer a los sindicatos y los empresarios que desde el Ministerio de Industria le han transmitido que las ayudas al funcionamiento correspondientes al 2012 se abonarán «de manera inmediata»; y que también de forma inmediata se publicará el real decreto de restricciones por garantía de suministro, que permitirá que las térmicas vuelvan a comprar carbón.
Facturación paralizada
La compra está ahora paralizada, ya que no se cuenta con el marco sobre las cantidades y precios del carbón para este año. La situación impide que las empresas puedan facturar, lo que unido a la falta de ayudas coloca de nuevo a las empresas mineras «al borde del concurso de acreedores, y con grandes dificultades de cara a las entidades financieras, que cada vez ven con mayor precaución los préstamos que conceden al sector».
Villanueva aseguró también ayer que los 111 millones que el Gobierno adeuda de las ayudas al funcionamiento del 2012 «no van a ir contra los presupuestos generales del 2013, sino que se generará un nuevo crédito».
Temor empresarial
Las empresas habían manifestado su temor a que se repitiera la situación del ejercicio anterior, cuando los 75 millones de euros que quedaron pendientes de pago del 2011 y se abonaron en el 2012 se descontaron de la cantidad presupuestada para las ayudas de ese ejercicio.
Por otro lado, el consejero adelantó que el ministerio ha encargado a Red Eléctrica que establezca los mecanismos para que la parte de producción de carbón correspondiente al 2012 que no ha sido consumida se gestione en este mes de enero, de forma que las empresas puedan facturarla inmediatamente.
Finalmente el consejero de Economía de la Junta mostró su confianza en que «la normalidad vuelva al sector energético», en particular a la minería; y recordó que las empresas mineras tiene pendientes de realizar «importantes inversiones para cumplir los objetivos de emisiones fijados para el 2016». Inversiones que deberían haberse iniciado el año pasado, pero que «en este escenario de dudas las eléctricas han preferido no adelantar».