Diario de León

Alonso lleva también el ERE de extinción a la explotación de Pilotuerto

María Jesús Muñiz Prieto
León

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El empresario minero Victorino Alonso ha presentado también el expediente de extinción de empleo para la mayor parte de la plantilla de la mina de interior que Uminsa explota en la localidad asturiana de Tineo. Un total de 77 mineros de interior de Pilotuerto serán despedidos si prospera este ERE, que tiene las mismas condiciones que el presentado en la mina de Cerredo, también en Asturias, en la que trabajan buena parte de los mineros de Laciana.

El Grupo Alonso lleva a cabo una drástica negociación de reducción de las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores, con el argumento de ajustarse a un plan de viabilidad que permita a las explotaciones rentables del grupo hacer frente al nuevo escenario de eliminación de ayudas y recorte de la producción impuesto por el Gobierno. Unas condiciones que, según anunció la empresa este viernes, se endurecerán a partir de la próxima semana por el «agravamiento de la situación» que se recoge en el borrador del real decreto que el Ministerio de Industria envió el jueves a las empresas.

El recorte en la producción y la apuesta por la minería a cielo abierto en lugar de la de interior; y sobre todo la intención anunciada por el nuevo secretario de Estado, Alberto Nadal, de adelantar al 2014 el fin de las ayudas y el cierre de las explotaciones que no vayan a ser viables finalmente, han llevado al mayor grupo minero privado del país a convocar una reunión directiva este lunes, en la que se determinará si se incrementa el número de trabajadores de los que tiene que desprenderse la sociedad, así como las condiciones salariales para la plantilla y las contratas.

La estrategia negociadora del Grupo Alonso no es ningún secreto. Fuentes de la empresa han reconocido en las últimas semanas que en sus principales explotaciones de interior están presentados inicialmente expedientes de suspensión temporal de empleo, para hacer frente a la falta de liquidez porque el Gobierno todavía no ha pagado las ayudas al funcionamiento correspondientes al 2012.

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