La Alianza alega contra la concentración con opción privada de la Ley Agraria

Con el fin de que la futura Ley Agraria de Castilla y León recoja una clara orientación a favor de los agricultores y ganaderos a título principal y del modelo social agrario, la Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA-Coag, presentó ayer a la Junta una amplia batería de propuestas y alegaciones al anteproyecto, con el deseo de que se tengan en cuenta una vez que la Ley sea llevada a las Cortes. «Esperamos que la Consejería estudie estas propuestas y que la Ley se ponga en marcha antes de verano para que en los meses estivales ya podamos trabajar con el amparo de ella. Consideramos estas alegaciones prioritarias para defender un modelo social agrario y por lo tanto un sector estratégico», explicó el secretario general de UPA-Coag, Matías Llorente.

Desde el sindicato criticaron, principalmente, que pese a que la defensa de la definición de agricultor o ganadero a título principal (ATP) ha sido el eje central de las propuestas apoyadas por el sector en las elecciones a cámaras agrarias, en el Anteproyecto de Ley no se recoge el término. «Hemos manifestado expresamente nuestra preocupación porque se pongan en igualdad de condiciones en este anteproyecto a los productores de sofá o inmobiliarias con los verdaderos ATP», indicó Llorente.

Asimismo, el sindicato mostró su deseo de querer modificar la pretensión que recoge el anteproyecto en relación a las aportaciones económicas del sector privado en materia de infraestructuras agrarias y concentración parcelaria. «Bajo nuestro punto de vista esto deja entrever una privatización que en cualquier caso rechazamos desde nuestra organización, ya que estamos hablando de obras de interés general», matizaron desde el sindicato, quien puso un especial hincapié a través del documento presentado, en que se logre una distribución justa y eficiente de los costes y beneficios de la cadena de valor, en favor de los agricultores y ganaderos de la comunidad. Por este motivo, indicaron que valoran la creación de la figura del defensor de la cadena agroalimentaria y la posibilidad de crear organizaciones interprofesionales agroalimentarias cuyo ámbito sea toda Castilla y León.

Sector estratégico

Otra de las propuestas presentadas ayer, recoge la reivindicación de que el sector agrario sea considerado estratégico, y que se le dote de mecanismos reales y eficientes para que esta petición «no sea utilizada con intenciones propagandistas» y se convierta en una realidad.

UPA-Coag pidió que el texto recoja el modo de coordinar agricultura con otras consejerías de las que depende también la actividad diaria de los productores agrarios, como Fomento y Medio Ambiente o Hacienda, así como la elaboración de una memoria económica que pueda dar soporte y credibilidad a la incorporación de jóvenes, al reconocimiento y fomento del papel de las mujeres o la formación de los profesionales, ya que la disposición de recursos económicos «será fundamental» para un eficaz desarrollo de los mismos. «En caso contrario, se convertirá en un mero ejercicio de voluntarismo político sin consecuciones prácticas para el desarrollo de las explotaciones», lamentaron desde la Alianza.

Además, en el documento presentado por la opa, señalaron que en el país se ejerza un efectivo control en el mercado de los productos agroalimentarios procedentes de países terceros, y la aplicación de nuevos sistemas de regulación de mercados para evitar el hundimiento de los precios.