Soto de la Vega
Un convenio regulariza la situación urbanística de Embutidos Rodríguez
La oposición al desarrollo del suelo industrial dejó sin licencia a varias instalaciones.
El complejo de industrias cárnicas se vio afectado por la disputa urbanística.
El Ayuntamiento de Soto de la Vega, Embutidos Rodríguez, S.L.U. y Secaderos de la Vega, S.A., ambas del mismo grupo empresarial, han firmado un convenio, que ayer publicó el Boletín Oficial de Castilla y León, que intenta cerrar los problemas urbanísticos que sufrían las mercantiles, ubicadas en el término de Soto, en la carretera La Bañeza-La Magdalena, desde que entraron en vigor las normas urbanísticas del municipio, en noviembre del 2003. El acuerdo permitirá a las empresas disponer de las licencias oportunas para desarrollar su actividad y permite al Ayuntamiento cobrar más de 105.242,96 euros en concepto de Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (Icio) que no se pagaron en su momento ante la imposibilidad del desarrollo del sector de suelo urbanizable de uso predominante industrial en el que se encuadraba a las mercantiles en el nuevo planeamiento.
El plan parcial para el desarrollo del sector se encontró con la oposición de la Junta Vecinal de Huerga de Garaballes, propietaria del 55% de la superficie de éste, en el 2009. Dos años después, solicitó la reclasificación del sector como suelo rústico. Finalmente, el Ayuntamiento acordó con la pedanía y las empresas promover la recalificación del sector y de otro contiguo como suelo rústico común, si bien no garantiza la recalificación, competencia de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Las mercantiles disponen en la zona de un matadero y sala de despiece, que dispone de licencias, excepto un lavadero de camiones; un secadero de jamones, con licencia provisional; y una depuradora de aguas residuales cuya construcción impuso la CHD para que la empresa pudiera continuar su actividad, que carece de licencias. La falta de licencias es consecuencia del frenazo que sufrió el desarrollo del sector y ahora las partes tratan de solucionar el problema, especialmente por los más de 200 empleos directos que generan las empresas.
Tras la modificación, las empresas solicitarán el uso excepcional de suelo rústico para legalizar su situación. Además, el Ayuntamiento retirará el contencioso administrativo que planteó ante la situación de las cárnicas, si bien éstas, que no se opondrán al desistimiento, abonarán las costas del proceso si se le condenara al municipio a su abono.