Cuatro municipios serían intervenidos si entrara ya en vigor la reforma local
La ley afectaría a Campazas, Valderas, Soto de la Vega y Villaornate y Castro.
En caso de entrar en vigor el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, cuatro municipios de la provincia de León, Campazas, Valderas, Soto de la Vega, y Villaonarte y Castro, podrían ser intervenidos por el Estado, al no haber acreditado sus cuentas en al menos los últimos tres meses. Una norma que afecta a los municipios de menos de 5.000 habitantes y que se extiende a un total de 66 localidades de Castilla y León.
De estos 66 consistorios, 30, entre ellos Campazas y Valderas, han estado en los últimos doce meses sin recibir dinero del Estado por no comunicar las liquidaciones de los presupuestos, mientras que los 36 municipios restantes, donde se incluye a Soto de la Vega, y Villaornarte y Castro, han tenido retenidas las transferencias durante un periodo de cinco meses, entre octubre de 2012 y el pasado febrero.
La noticia de la posibilidad de que sus ayuntamientos sean intervenidos, no ha sentado por igual a los representantes del equipo de Gobierno de los municipios leoneses afectados, quienes por una parte han mostrado su rechazo, como es el caso de la teniente alcalde de Campazas, Beatriz Rodríguez, y del regidor de Villaornate y Castro, Gregorio Merino, opuestos totalmente a esta decisión; mientras que por el contrario, el portavoz del PSOE en Valderas, Ángel Callejo, ha manifestado su máximo deseo de que esta intervención se «haga efectiva». «La situación actual de Valderas hace necesaria una urgente intervención del Estado. Ahora mismo estamos trabajando sin presupuesto, no sabemos cómo afrontaremos las fiestas de la localidad, ni la apertura de las piscinas. Es más, en su día contratamos a una auditoría para que nos llevara las cuentas y nos dijo que no había quien auditara esto, hasta faltaban documentos. El Ayuntamiento lleva desde 2006 sin aprobar cuentas», concretó Callejo, quien aseguró que tanto PSOE como PP, están «de mutuo acuerdo» en que en caso de que entrara en vigor la reforma local fueran intervenidos.
Digitalización
Por otra parte, tanto Rodríguez como Merino tacharon de «injusta» esta norma aún no en vigor, ya que en el caso de Campazas, según su teniente alcalde, este retraso con Hacienda se debe a un problema de baja de la secretaria. «El Ayuntamiento está al día, es más es un municipio de 150 habitantes, y tenemos actualmente en cuenta 107.000 euros. Nuestro problema es que la secretaria estuvo de baja un tiempo, y no presentamos las cuentas de forma digital, como debe hacerse, sino que las teníamos en papel. Pero ya hemos tomado medidas», aclaró Rodríguez.
De igual modo, el alcalde de Villaornate y Castro, justificó el problema de la falta de información a Hacienda «al proceso digital». «Nuestras cuentas están presentadas dentro de los plazos establecidos, lo único es que se ha hecho en papel y hay que hacerlo a través de Internet. Ahora mismo se ha establecido un plazo máximo para entregarlo hasta finales de marzo. Nosotros ya hemos cumplido», matizó Merino.