Ni las cifras ni el daño están justificados
El pasado 6 de noviembre el Tribunal General de la UE dictó un auto rechazando la participación de la Xunta de Galicia como parte coadyugante en el recurso contra el incentivo al carbón nacional presentado por la central de ciclo combinado Castelnou. Un auto cuyos contundentes argumentos han llevado al gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo a retirarse de la guerra mantenida contra el carbón nacional en Luxemburgo, ante la evidencia de que la decisión comunitaria no iba a ser favorable a sus exigencias.
El auto recuerda en primer lugar que la Xunta debe ser directamente afectada por el real decreto de restricciones que recurre, y considera que «la prosperidad económica de las empresas establecidas en su territorio no puede justificarlo».
El PP gallego defiende que el real decreto perjudica a la economía local porque su producción de electricidad es con carbón importado, y que el incentivo provocaría el «cese total de la actividad» en las centrales de As Pontes y Meirama, así como una reducción de actividad de las centrales de ciclo combinado de Galicia; en los puertos de Ferrol y Coruña y en la actividad del transporte.
El tribunal da el primer varapalo a los argumentos de la Xunta al asgurar que «no demuestra que su estructura económica y social dependa esencialmente de la generación eléctrica» que se vería afectada por el real decreto; y que tampoco ha demostrado que afecte a un sector económico de crucial importancia que ponga en peligro los intereses económicos gallegos.
Cifras insuficientes
El auto señala que las cifras que da la Xunta son insuficientes, y que «no aporta ninguna prueba» sobre su veracidad, por lo que «resulta imposible determinar la importancia del sector en cuestión» para la economía gallega en su conjunto. En cambio, la CE sí realizó un cálculo que demuestra que no es un sector esencial. En cualquier caso, «no basta para justificar una intervención en el litigio», concluye el auto.