Alonso advierte de que sin ayudas el concurso será inevitable a partir de julio

El Grupo Alonso puede mantener su actividad sin dinero público a partir del 2019 si logra llevar a cabo su drástico plan de ajuste de los costes, y así lo ha comunicado al Instituto del Carbón; pero para ello debe lograr salir de la actual situación de asfixia económica que le ha llevado a presentar el preconcurso de acreedores. Una situación que de momento le permite negociar las deudas con sus acreedores, pero que tiene como fecha límite el 7 de julio. Si para entonces no se ha puesto remedio al bloqueo de ingresos de la empresa, se verá abocada al concurso.

Aunque la liquidación no está en los planes del primer grupo minero privado del país, «la capacidad de las empresas tiene un límite», señaló ayer el gerente de Uminsa, Gerardo Biaín. «Estamos haciendo todo lo posible, pero no habrá solución si no se pagan las ayudas al funcionamiento».

El grupo considera que la justificación del Gobierno de no pagar las ayudas del 2012 tanto a Alonso como a la Hullera Vasco Leonesa no se sostiene. Primero porque ambas sociedades mantuvieron sus pagos a la Segurisad Social al día hasta febrero, y cuando se les denegó la ayuda aún estaban en periodo de pago voluntario; y porque otras empresas han conseguido la aprobación del Gobierno, aunque no pueden cobrar por no estar al corriente en sus obligaciones. Sin embargo, esa aprobación es suficiente para negociar créditos con las entidades financieras.

Una situación que ahora también se les niega a las principales empresas privadas, que «sólo piden que se les trate igual que a los demás».

Biaín, junto con el abogado del grupo César Garnelo, presentó ayer los resultados del informe elaborado por la perito del Colegio de Minas del Noroeste con el que el grupo desmiente la acusación de Hunosa de desaparición de carbón del Almacén Estratégico Temporal de Carbón.

Respecto a su plan de futuro, señalaron que en los últimos cinco años se han invertido 200 millones de euros en infraestructura minera para mecanizar y modernizar sus explotaciones, «que si la empresa cierra se perderían».

Una inversión que les permite ser competitivos con una producción futura de 2,1 millones de toneladas (850.000 subterráneas y 1,25 millones a cielo abierto); repartidas entre las minas de interior de Cerredo, Pilotuerto y Salgueiro, y los cielos abiertos.

Compromisos

Para ello cuentan también con el compromiso de las grandes eléctricas de firmar contratos de compra a largo plazo. «Se dan las condiciones para plantear un horizonte de continuidad sin ayudas en el 2019, pero para eso es preciso concluir el proceso de reestructuración iniciado». Que pasa por «adaptar los convenios colectivos a la nueva situación de caída de un 40% en los ingresos».

La plantilla propia más las contratas se redujo de los 2.850 trabajadores del 2011 a los 2.100 del año pasado, y en la actualidad debe quedar en 1.400 personas, a través de 300 prejubilaciones ya realizadas y 400 despidos que ya están en curso.

Sin embargo, apunta que para asumir tanto los costes sociales como los medioambientales deben recibir ayudas todavía. «En la situación actual la continuidad o el cierre de minas va a resultar caótico», advierte.

Mientras el directivo del Grupo Alonso presentaba ayer sus previsiones ante la prensa en la sede de la empresa en el centro de la capital, un grupo de mineros de la explotación de Pilotuerto, en Tineo, aguantaba bajo la lluvia delante del portal del edificio con una pancarta en la que reclamaban soluciones para su situación. Los trabajadores llevan cinco meses sin cobrar.

La empresa advirtió del peligro que corre la mina de Tineo, que está inundándose y a la que han cortado la luz. El grupo advierte que si las instalaciones se inundan se perderá la inversión.