FITAG-UGT apunta a la «cerrazón» de Soraya Sáez de Santamaría como responsable de la situación del grupo Alonso

El secretario regional de FITAG-UGT, Manuel López, apuntó  hoy en Ponferrada a la «cerrazón» de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, como responsable de la actual situación del grupo Alonso, que anunció ayer que entrará en concurso de acreedores a partir del 7 de julio si no recibe las ayudas.

«Está evidentemente en su pensamiento el ataque directo a un grupo empresarial como es el caso de Victorino Alonso», afirmó López, que también entiende que este empresario ahora «está recogiendo todo lo que ha sembrado en los últimos años con el chantaje permanente ante las administraciones, ante los pueblos y ante todo el mundo con el tema del empleo».

«Ahora como a este Gobierno el empleo, evidentemente, no le importa, ese chantaje se le ha acabado y por  eso estamos en la absoluta deriva», añadió el responsable autonómico.  Así, consideró que el anuncio realizado ayer por la empresa minera es consecuencia de lo que los sindicatos vienen anunciando desde hace un año y que es la pretensión «sin ningún género de dudas» del Ejecutivo de Rajoy de cerrar el sector  de la minería de interior, «sin cumplir los compromisos de las ayudas del 2012, tampoco del 2013 y tampoco tienen en previsión del 2014».

«No estamos hablando sólo de 300 trabajadores que puedan perder el empleo, estamos hablando de más de 1.500 trabajadores que se pueden perder en este grupo y por  tanto la desaparición de esta empresa», añadió López, al tiempo que acusó al Gobierno de actuar con «la prepotencia y la arrogancia» de la mayoría absoluta avocando al sector a la desaparición.

Otra política y otros empresarios

Así, consideró que sólo un cambio político podrá salvar a la minería porque, subrayó, un cambio de estrategia de este Gobierno «no va a ser posible». Y es que, denunció, la actuación del Ministerio de Industria no sólo está provocando un «profundo desgaste» del sector sino que también está «atacando» directamente a sus trabajadores y a la economía de las familias, que no perciben ingresos y que son sancionadas «con hasta 1.500 y 1.800 euros» por manifestarse contra esta situación.

En esta línea, López trasladó su esperanza de que a alguien en el Gobierno «se le ilumine la bombilla» y se dé cuenta de que este país no puede prescindir del carbón, permitiendo un incremento de seis puntos en dependencia energética del exterior. «A ver si les entra sentido común», añadió el secretario regional de FITAG-UGT, que entiende que no pueden plantear medidas para crear empleo cuando «no es capaz de sostener el poco empleo que nos queda».

Para López, la única solución es el cambio político y la defensa de la minería de interior porque «es la que genera mayor volumen de empleo y de riqueza». Por ello, pide a la Junta y a los ayuntamientos que «empiecen a replantearse si es posible seguir explotando cielos abiertos, sacando los recursos de los pueblos con muy poca mano de obra y esquilmando los yacimientos». «Yo creo que el futuro del carbón tiene que replantearse, los recursos están ahí, con otra política y con otros empresarios», concluyó