maraña
El consistorio paraliza el desahucio
. La adjudicataria se negó a salir el bar social donde se encerró para evitar la entrada de personal municipal.
La Guardia Civil supervisa la orden de desahucio del bar social de Maraña.
El Ayuntamiento de Maraña pospuso ayer el desahucio a la propietaria del bar social ante la negativa de ésta de abandonar las instalaciones. Con dos patrullas de la Guardia Civil como testigos, la secretaria municipal, dos concejales del equipo de gobierno y un técnico se personaron ante el establecimiento en el que se había atrincherado la adjudicataria, Montserrat Avellaneda, con su hermano. Asegura que el procedimiento se ha suspendido porque «es ilegal» y que ahora continúa la «batalla» por vía judicial. «Me va a dar tiempo a sacar mis enseres, solicitar que vengan los peritos judiciales para ver el estado en que se encuentra el edificio y todos los incumplimientos por parte del Ayuntamiento desde el principio». Avellaneda recordó que hay una demanda contenciosa porque la resolución del contrato y el alzamiento que el Ayuntamiento ha planteado no responde a la Ley. «En 23 días un desahucio administrativo es ilegal. Lo que pretendían hacer hoy causa indefensión y eso es muy grave».
Recuerda que la adjudicación se realizó el 31 de julio 2010 y que la obligaron abrir las instalaciones aunque aún estaban en obras. Tenían que entregar el edificio en condiciones de explotación cumpliendo la normativa en el plazo de quince días. «Desde esa adjudicación hasta la firma del contrato y la entrega del edificio pasó un año. Once meses en los cuales tuve que estar pagando autónomos y otros impuestos. El contrato es un apaño para tapar las irregularidades que ha habido desde la adjudicación».
Por su parte, la alcaldesa de Maraña, Rosa Rodríguez, afirmó que se suspendió el desahucio ya que no quería ningún problema puesto que no tenían ninguna intención de sacar a nadie del edificio por la fuerza. «El problema es que no paga los 250 euros mensuales y además no abre las instalaciones que se crearon para prestar un servicio al pueblo».
La regidora señala que la vía administrativa ha finalizado y que la adjudicataria puede ir al contencioso ya que «las medidas cautelares y la suspensión del procedimiento se los ha denegado el juzgado de León». El Ayuntamiento trata de llegar a un acuerdo para recuperar las instalaciones.