El PSOE pide que las pedanías tengan en un mes la norma para rendir cuentas
Insta a las Cortes a pronunciarse para que las juntas vecinales «no desaparezcan».
La oposición socialista exigió ayer a la Junta que en un mes apruebe el decreto para que las entidades locales de la Comunidad puedan cumplir con su obligación de rendir cuentas, ya que de no hacerlo así corren el «riesgo de ser aniquiladas» cuando entre en vigor la reforma local del Gobierno central.
El plazo de un mes para la normativa reglamentaria que delimite las funciones de los secretarios municipales (disposición adicional sexta de la ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998) se recoge en la propuesta de resolución registrada ayer por el PSOE y cuyos términos explicó su viceportavoz, Ana Redondo, quien criticó el «retraso y olvido» de la Junta en cumplir los acuerdos que se aprueban en las Cortes.
La defensa de las entidades locales de Castilla y León es una de las líneas rojas que figura en el pacto de mínimos entre la Junta y el PSOE sobre el modelo de ordenación territorial, que se reforzó en marzo con la aprobación de los grupos de las Cortes de dos proposiciones no de ley, una de ellas para el desarrollo de las funciones de los secretarios, pendiente desde la aplicación de la ley autonómica de Régimen Local, y otra para que se amplíen los tres meses que se otorga en la reforma para la dación de sus cuentas.
Redondo criticó que siga pendiente, desde hace quince años, ese desarrollo reglamentario y apuntó a las dificultades de las pedanías para cumplir con las cuentas, y censuró a las diputaciones, dado que tienen funciones estatutarias de ayuda y asesoramiento a los municipios.
En cuanto a la pregunta de que la Consejería de la Presidencia tiene elaborado el decreto, Redondo manifestó que han sido «varios» los que ha redactado y preguntó dónde está el «problema de dicha normativa».
En el proyecto de decreto conocido por Ical el pasado mes de abril, la Consejería de la Presidencia propone tres vías normativas para que las entidades menores puedan cumplir con esa obligación legal. Una de ellas es la delimitaciones de las funciones de los secretarios municipales a través de convenios interadministrativos locales. Además, se abre la posibilidad de que los secretarios con habilitación estatal puedan solicitar el desempleo de labores de control, fiscalización económico-presupuestaria, contabilidad, tesorería o recaudación. Esa solicitud, con carácter voluntario, conlleva una retribución por el municipio a través de un complemento de productividad.
Por último, otra de las vías es la firma de un convenio entre la diputación, el Consejo Comarcal de El Bierzo y cada ayuntamiento y las entidades menores afectadas.