La Cámara Agraria adeuda cuatro sueldos
. La entidad, que ha adecuado sus gastos a los recortes, adeuda dos mensualidades a dos empleados por el retraso de la ayuda de la Junta, que asciende a 77.000 euros.
El Pleno de la Cámara Agraria cerró ayer el proceso de adaptación a la nueva situación económica.
La Cámara Provincial Agraria es viable desde el punto de vista presupuestario, según explicó su presidente, Arsenio García Vidal, ante el Pleno de la institución, pero los problemas de tesorería derivados del retraso que sufre la subvención de la Consejería de Agricultura y Ganadería los aguantan los empleados de ésta que no dependen de la Administración autonómica o de la Diputación. Es decir, dos de las cinco personas que allí trabajan.
Según un comunicado de la Cámara, García Vidal mostró su satisfacción por haber conseguido adaptar el gasto a la nueva situación presupuestaria sin vender o hipotecar su patrimonio, al contrario de lo que ha sucedido en la mayor parte de las Cámaras de la Comunidad autónoma.
Con 77.000 euros provenientes de la Junta de Castilla y León 30.000 euros de la Diputación y unos ingresos aproximados a los 5.000 euros por los servicios prestados a las juntas agropecuarias locales, «la entidad es viable desde un punto de vista presupuestario», si bien tiene problemas de tesorería, al no haber recibido aún la subvención del Ejecutivo autonómico, explica una nota de prensa de la Cámara, que no especifica, sin embargo, el problema que se plantea para los dos trabajadores que llevan dos meses sin cobrar.
García Vidal ha agradecido a los empleados de la institución «su trabajo y su comprensión al estar sufriendo las consecuencias de los problemas puntuales de tesorería», así como a los miembros del plenario por los acuerdos alcanzados «para afrontar una nueva etapa en la que ya no se cuestiona la permanencia de la institución».
La Cámara Agraria presta servicio a las 82 juntas agropecuarias locales de la provincia y gestiona los aprovechamientos de pastos y el uso de maquinaria en común. También gestiona la Lonja Agropecuaria de León, que se reúne con periodicidad quincenal para establecer los precios en origen de los productos agrícolas y ganaderos y es órgano de consulta de la Junta de Castilla y León. En este último cometido, destacan las alegaciones enviadas al anteproyecto de Ley Agraria. También representa al sector en el Jurado Provincial de Expropiaciones Forzosas.