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El portavoz del PP en la Diputación de León, Jaime González, defendió ayer el reparto realizado del Plan de Juntas Vecinales porque se realizó según informes jurídicos y técnicos y eximió de responsabilidad a todos los diputados provinciales, ante la denuncia presentada ayer mismo por IU ante la Fiscalía por considerar que estos fondos habían sido repartidos arbitrariamente entre las pedanías de PP, PSOE y UPL, incurriendo en un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. «Los políticos no hacemos otra cosa sino atemperarnos a los informes porque entendemos que los garantes y vigilantes de la legalidad son los técnicos de esta casa», aseveró González, que sin embargo reconoció el derecho de la coalición a emprender cualquier de acción judicial «como cualquier otro ciudadano».