La oposición lleva a la Fiscalía la obra en el cuartel viejo de la Guardia Civil
PSOE, UPL y UPyD ven posibles irregularidades en la contratación de los trabajos.
Los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Sahagún —Lisardo García, del PSOE; Virgilio Buiza, de la UPL, y Ramón Rodríguez, de UPyD— han remitido a la Fiscalía de la Audiencia Provincial un escrito en el que solicitan que se investiguen si los trabajos de acondicionamiento del antiguo cuartel de la Guardia Civil constituyen delito bien por las irregularidades que, a juicio de los firmantes, se aprecian en la contratación de las obras o por eludir el compromiso de demoler el edificio para su excavación arqueológica.
El escrito, que se registró el martes, no señala la violación de uno o varios preceptos concretos del Código Penal, aunque tilda de «burda ilegalidad» la reparación del cuartel, de la que responsabiliza exclusivamente al alcalde. Los portavoces, indican que el Ministerio del Interior cobró al Ayuntamiento de Sahagún «la cantidad simbólica de 32.000 euros», debido a que las dependencias se encuentran sobre la antigua Abadía de San Benito y el convenio entre ambas administraciones consideraba «sin valor» el edificio. «Con el tiempo sería derruido para llevar a cabo las excavaciones arqueológicas» previstas por la Administración autonómica, señalan.
Además de la supuesta violación del convenio con el Estado y el posible daño causado al privar a la villa de un patrimonio arqueológico que se presume abundante, los grupos de la oposición municipal señalan que las obras que convierten el viejo cuartel en sede de asociaciones se ha llevado a cabo «sin acuerdo de ningún órgano municipal (Pleno, Junta de Gobierno, decreto o resolución de Alcaldía), sin proyecto ni memoria valorada y, por consiguiente, sin dirección técnica, sin conocimiento previo de la Comisión Territorial de Patrimonio, sin la apertura del correspondiente expediente administrativo que documente la misma, sin intervención de la secretaria-interventora ni del arquitecto municipal». De esta manera, «se invierten por la vía de los hechos decenas de miles de euros».
El escrito insiste en que los trabajos se han realizado sin la existencia de «procedimiento alguno de contratación». La oposición denuncia al Gobierno municipal porque no quiere «pecar de pasividad» ante «actuaciones administrativas extrañas y confusas que incluso pueden incurrir en manifiesta ilegalidad, llegando al ámbito penal». Los portavoces afirman también que las preguntas que han formulado los tres grupos sobre estas actuaciones en plenos y comisiones no han recibido respuesta por parte del equipo de gobierno.