La nueva regulación de las tarifas encarecerá en un 20% los costes eléctricos para los agricultores

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, denunció hoy las condiciones recogidas en la nueva regulación de las tarifas eléctricas aprobada por el Gobierno el pasado mes de agosto, al entender que encarecerá en un 20 por ciento los costes eléctricos para los agricultores. Con esta nueva subida, Clemente aseguró que el aumento de los costes eléctricos en los últimos seis años alcanza el 80 por ciento.

Por ello, aseguró que se trasladará a los Ministerios de Industria y de Agricultura el «malestar» de la Junta por esta nueva regulación, que pone «en peligro» la modernización de los regadíos. Igualmente, informó de que remitirá un documento al Gobierno en el que se recojan las pretensiones del Ejecutivo autonómico y se establezcan tarifas estacionales y adaptadas a las necesidades de los agricultores.

La consejera de Agricultura y Ganadería recordó que el objetivo de las modernizaciones es «gastar menos en energía» y consumir «menos agua». Por eso, insistió en que la nueva regulación no tiene en cuenta el carácter «estratégico» del sector y encarece de manera «muy importante» los costes de los profesionales. De hecho, informó de los estudios realizados entre 2007 y 2012 sobre el uso de agua en las distintas comunidades de regantes, que desvelan el encarecimiento de este coste en un 60 por ciento en este periodo.

Clemente recordó que el energético es uno de los costes «más importantes» que tienen que asumir los agricultores para «llevar los cultivos a buen término», por lo que abogó por el uso de modelos que favorezcan las tarifas «con carácter estacional». Y es que la nueva regulación obliga a los agricultores a contratar durante todo el año «toda» la potencia que utilizarán «en los momentos más importantes», que sin embargo son «unos pocos meses al año».

La consejera recordó que hay modelos como el francés donde se establecen momentos determinados para acceder a mayor potencia «cuando realmente se va a utilizar», un modelo que desde la Junta se apuesta por aplicar también en España, porque el campo «necesita un apoyo específico» al ser un sector «estratégico» para la economía del país.