El control de sus servicios pasarán a la Diputación o serán privatizados

«No a la supresión de las entidades menores. No a la privatización de servicios y no al expolio de los bienes comunales». Con estas premisas el manifiesto leído por Pedro G. Trapiello fue desgranando las razones que han impulsado la frontal oposición a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuya defensa será liderada paradógicamente por el diputado leonés del PP, Eduardo Fernández. Esta ley estatal, según el manifiesto, «pretende arrebatar de personalidad jurídica a las entidades locales menores, cuando la regulación de los concejos es competencia exclusiva de las comunidades autónomas». También destaca que detrás de la supresión de los concejos se esconde la intención de expoliar sus bienes comunales y su patrimonio, que pasarán a los ayuntamientos, y el control de sus servicios por parte de la Diputación, o incluso del sector privado, si no se cumplen unos requisitos impuestos por el Ministerio de Hacienda. Además podrán ser disueltas si en un plazo de tres meses no presentan sus cuentas.