Ninguna empresa local ha sido contratada para rehabilitar la zona

El PSOE de León presentará en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para instar a la Junta de Castilla y León a que en los lugares donde ocurran grandes catástrofes naturales, como es el caso del incendio que el año pasado arrasó caso 12.000 hectáreas en Castrocontrigo, se primen a las pequeñas empresas de la zona a la hora de adjudicar las inversiones públicas, según anunció ayer el procurador socialista Miguel Ángel Fernández Cardo.

De esta manera se hubiera evitado que Tragsa, empresa estatal, hubiera sido la única beneficiaria de los distintos contratos de recuperación y retirada de madera adjudicados por la Junta de Castilla y León con los cinco millones de euros que el Gobierno central destinó para la zona. «Los grandes perjudicados de esto han sido las pequeñas empresas de la zona, que no han podido cumplir con los requisitos expuestos en las licitaciones de los proyectos, que han beneficiado a las empresas más grandes», explicó el alcalde de Villaobispo de Otero y diputado provincial de la zona.

«Hubiera sido una oportunidad única para crear puestos de trabajo y riqueza en una zona que tras esta gran desgracia ha visto como gran parte de sus principales recursos económicos se han perdido», matizó Llamas.

Fe de ello dio Palmiro Pérez del Río, presidente de la Junta Vecinal de Torneros de Jamúz, una de las zonas más afectadas por el incendio, que explicó la dramática situación en la que se encuentran muchos vecinos de esta zona que más de un año después del incendio, y tras perder sus principales recursos de subsistencia, «aún no han recibido ni un euro de indemnización por parte de la administración autonómica». Este es el caso de los recolectores de setas, de los resineros, de los apicultores y de muchos ganaderos y agricultores de la zona, cuyas pérdidas económicas tras el incendio pueden traducirse en millones de euros, y en un incremento de la tasa de desempleo que pasó del 20% a casi el 60%, según datos del PSOE. En este sentido Fernández Cardo explicó que la Junta de Castilla y León sólo ha tenido en cuenta a los particulares que tuvieran suscrito un seguro a la hora de repartir las compensaciones aprobadas cuando declaró la zona en situación de desastre. «La mayor parte de los productores de la zona son pequeños empresarios a los que en estos momentos de crisis no se les puede exigir que tengan un seguro», explica el procurador.

Por este motivo, Pérez del Río exige a la Junta de Castilla y León que concrete de una vez por todas con las juntas vecinales «en qué piensa invertir los 4,8 millones de euros aprobados para la recuperación y reactivación de la zona, porque lo que no queremos es que se esfumen en manos de las grandes empresas, sino que reviertan en los particulares de la zona». Además exige que «con ese dinero se arreglen todas las calles y carreteras que las grandes empresas han destrozado con sus camiones en las labores de retirada de la madera».