Las eléctricas tienen dos años más para decidir si apuestan por el carbón limpio
Moratoria del Gobierno a octubre de 2015 para comprometer las inversiones en las térmicas.
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Las compañías eléctricas tienen dos años más para decidir si acometen las millonarias inversiones que requieren sus centrales térmicas si quieren seguir funcionando cuando entre en vigor la directiva de la UE sobre emisiones industriales. El Gobierno ha accedido a las súplicas del sector (entre las que se incluyen las de las compañías mineras, que dependen directamente de estas inversiones para seguir produciendo carbón) y ha incluido una moratoria que permite a las eléctricas retrasar hasta octubre de 2015 la decisión definitiva sobre la adaptación de sus térmicas a las nuevas exigencias medioambientales.
Así lo recoge el Real Decreto del Reglamento de Emisiones Industriales, Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; que recoge la limitación de las emisiones a la atmósfera de agentes contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de combustión, entre otras industrias.
La norma fija los valores límite de emisión, el índice de desulfuración, el plan nacional transitorio y la exención por vida útil limitada,entre otras condiciones que deben cumplir a partir de ahora las instalaciones contaminantes, entre ellas las centrales térmicas.
A estas les afecta especialmente el artículo sobre la exención por vida útil limitada, que se aplicará entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2023. Limitar el funcionamiento de las instalaciones a este periodo les exime de cumplir las exigencias de emisiones, pero si quieren mantener la actividad más allá de esa fecha deben llevar a cabo inversiones que el sector ha calculado en unos 2.000 millones de euros en todo el país.
A menos de dos meses
Las eléctricas que pretendan mantener la actividad de sus térmicas más allá de la fecha fijada deben comproneterse por escrito antes del 1 de enero próximo a «no hacer operar la instalación más de 17.500 horas de funcionamiento» entre 2016 y 2023. Sin embargo, el real decreto que acaba de aprobar el Gobierno incluye la demandada moratoria en la toma de la decisión definitiva: «No obstante, el titular de la instalación podrá retirar dicha declaración renunciando a la aplicación de la citada excepción hasta el 1 de octubre de 2015».
Lo que, según fuentes del sector, permite en la práctica renunciar al compromiso de llevar a cabo las inversiones en el momento actual, pero retomarlo para garantizar el funcionamiento futuro de las térmicas en un plazo de dos años, en el caso de que la situación económica repunte y el convulso marco normativo en el que se mueve el sector eléctrico dé suficiente confianza a las compañías del sector.