La fiscal pide dos años para el alcalde de Vega de Infanzones por prevaricación en una obra

Máximo Campano, alcalde de Vega de Infanzones, se enfrenta a una pena de dos años de prisión y a la posibilidad de ser inhabilitado para el cargo durante ocho años después de que en el juicio celebrado contra él, la representante del Ministerio Fiscal considerase probado que cometió un presunto delito de prevaricación administrativa, por conceder una licencia de obras sin contar con la aprobación del secretario del Ayuntamiento.

La defensa del regidor entiende que la resolución que adoptó no es injusta ni se llevó a cabo a sabiendas, dos de los preceptos necesarios para incurrir en un caso de prevaricación. Por todo ello, solicitó la libre absolución de su patrocinado. «Es un pueblo pequeño y a veces estas cosas se hacen así»

Los hechos por los que se juzgó a Campano datan del 27 de julio del 2011. En esa fecha el regidor firmó un decreto por el que autorizaba a nivelar y acondicionar una parcela del polígono de Vega de Infanzones. El 2 de septiembre, el secretario municipal informó desfavorablemente de la concesión de la licencia, alegando que no estaba acompañada de proyecto técnico o de memoria descriptiva, para comprobar si se ajustaba a la normativa. El peticionario aprovechó la licencia para realizar tareas de extracción de áridos, para lo cual no tenía permiso. Pese a todo, según la fiscal, el alcalde no hizo nada.

«A veces para dar las licencias se exigían informes y otras no», declaró Campano. «Eso era cosa del secretario municipal. A lo mejor él lo sabía y no me dijo nada», se exculpó el alcalde. «Me comentó que sospechaba que podía haber algo negativo, pero yo no puedo hacer las cosas por sospechas sin fundamento. Eso es como si me dicen que va a bajar un ovni de la luna y yo no lo sé».

«Yo di la licencia para nivelar y acondicionar los terrenos», explicó Campano. «Pasé a revisar las obras después de que dí la primera licencia y no supe más. No soy yo el que tiene que revisarlo, para eso tiene el Ayuntamiento a los técnicos y al secretario. Cuando se tuvo conocimiento de que había una situación irregular se paró la obra, se le sancionó al propietario y ya está». La fiscal advirtió que eso había ocurrido después de que se pusiera en marcha el proceso penal, tras la denuncia de un vecino.

A preguntas del Magistrado Juez, Campano explicó que para una labor de allanamiento, no es necesario solicitar informe técnico. «Basta con la solicitud», aseguró. «La arquitecto municipal me dijo que no se podía denegar ese expediente». Citado como testigo, el secretario del Ayuntamiento explicó que denegó la solicitud inicial de licencia «porque faltaba documentación» y que propuso un plazo de diez días más para que se entregaran los informes. «Yo supongo que el alcalde tiene que saber que el informe jurídico sí es necesario» dijo, antes de explicar que el decreto de alcaldía que daba permiso para las obras permaneció firmado y parado en la mesa del alcalde «por lo menos un mes y medio, antes de que me llegara a mí. Por eso mi recomendación de reconsiderar la concesión de esa licencia llega en septiembre, cuando el alcalde la había concedido en julio».

La arquitecto municipal expuso sus consideraciones: «El secretario debería haberme notificado que faltaba esa documentación, pero yo no fui a más porque creí que no hacía falta presentar una memoria explicativa. Desde mi punto de vista, ya era suficiente. El problema es que el peticionario se extralimitó».