EL PSOE acudirá por tres vías al Constitucional contra la ley
El secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, anunció ayer en la localidad burgalesa de Frandovinez que el PSOE tiene la intención de acudir al Tribunal Constitucional por tres vías para mostrar su rechazo a la reforma local planteada desde el Ejecutivo central, que puede ser aprobada el próximo 26 de noviembre. Zarrías se desplazó hasta Frandovinez para informar a los ciudadanos de las consecuencias de la citada reforma y estuvo acompañado por el secretario regional del PSCyL, Julio Villarrubia, y el provincial, Luis Tudanca.
Zarrías puso como ejemplo de comunidad «paradigmática» a Castilla y León, al tiempo que explicó que regiones como Canarias, Andalucía y Asturias van a respaldar un recurso contra la reforma local que confía cuente con el apoyo de los ciudadanos de Castilla y León, «gobernada» por el Partido Popular. Durante su turno de palabra, aseveró que con esta ley se pone en peligro el trabajo de los pequeños ayuntamientos al poner en marcha «una ley sin pies ni cabeza», y que «surge como consecuencia de la imposición».
Recursos
En relación a los recursos que el PSOE quiere presentar ante el Constitucional, Zarrías explicó que se formularán en Congreso y el Senado, por lo que espera que puedan sumarse aportaciones de otros grupos políticos. Asimismo, indicó que los otros documentos «se están preparando», por lo que podrían partir desde las regiones mencionadas.
La tercera vía por la que el PSOE acudirá al alto tribunal será mediante los propios ayuntamientos. De este modo, y atendiendo a un «conflicto de competencias», los consistorios presentarán sus informes ante el Constitucional. Zarrias consideró que la última vía es la que más complicaciones puede acarrear, ya que para poder presentar ese «conflicto de competencias» es necesario contar con el apoyo de la séptima parte de los 8.116 ayuntamientos de España que sumen una sexta parte de población.
A pocos días de que pueda aprobarse la reforma local, declaró que la intención del Gobierno supone un «hachazo» para los pequeños municipios, especialmente para localidades como las castellanas y leonesas, aseveró y recordó que los alcaldes dejarán de tener capacidad sobre asuntos como el agua desde el momento en el que se apruebe la reforma local.