Las Juntas Vecinales aseguran que la nueva ley creará caos jurídico y contradice el Estatuto de Autonomía

“Estamos en la tormenta perfecta de la administración local y esta ley es tan mala que va a crear un caos judicial con mil conflictos”. Así resumió hoy el catedrático de Derecho administrativo y secretario de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Concejo General de León, Carlos González Antón, las consecuencias que el colectivo considera que va a tener la ley de reforma local que la próxima semana se aprobará en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Además, consideran que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local contraviene el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en lo que atañe a las entidades locales menores.

Si el texto se aprueba en su estado actual, argumentan, “se caerá el primer escalón de gobierno y administración local que ha habido durante siglos y las comunidades autónomas que no están blindadas al respecto -País Vasco, Navarra y Cataluña- perderán todos sus bienes comunales al dejar de ser administraciones, aunque mantengan su personalidad jurídica, como establece la disposición transitoria introducida en la redacción del texto. Por eso, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama una enmienda transaccional que deje claro que la juntas vecinales mantienen su carácter de entidad local, reconocimiento que les otorga el derecho de ser titulares de bienes de dominio público.

“Parece que el legislador es más urbano que rural y esta ley está diseñada por tecnócratas que hacen oídos sordos al clamor popular”, manifestó el presidente del Concejo General, Andrés Buelta, quien adelantó que la ley será denunciada ante los organismos europeos correspondientes aunque los afectados entienden que las posibles resoluciones favorables llegarían demasiado tarde, cuando ya estaría desmantelado todo el actual sistema.

Aunque reconocen la defensa que la Junta hace de las entidades locales menores y los intentos de los parlamentarios leoneses para modificar el contenido de la reforma, lamentan que esos esfuerzos no hayan dado frutos y consideran que si no se introducen nuevas variaciones en el texto de la ley se creará un estado de confusión y conflictos, principalmente con los ayuntamientos, que podrían reclamar las propiedades de las pedanías, aunque este punto -como otros de indefinición que le atribuyen a la nueva norma- no queda aclarado en la redacción de la misma.