san mamés de la vega
El expedáneo se reconoce autor de un delito de malversación de caudales
Acepta una pena de dos años de prisión pero evita ir a la cárcel al devolver el dinero.
Adolfo Mures, en una imagen de archivo, antes de ser condenado.
Adolfo Mures Fernández, anterior pedáneo de San Mamés de la Vega, y ya fuera del PP con el que concurrió a las elecciones, se reconoció culpable de un delito de malversación de caudales públicos por el que aceptó una pena de dos años de prisión, que no comporta su ingreso en la cárcel al haber devuelto también los 7.355 euros que el Ministerio Fiscal consignaba como volumen de las cantidades defraudadas tras falsificar varios documentos con la firma del tesorero de la Junta Vecinal.
Pese a que el juicio estaba previsto para ayer por el sistema del Tribunal del Jurado, finalmente no fue necesario celebrarlo al alcanzar las partes un acuerdo de conformidad. Esta circunstancia evita la celebración de la vista oral y ahorra al Estado una partida cercana a los 2.000 euros que hubiera costado el jurado popular durante los tres días de celebración y las dietas correspondientes a sus miembros para indemnizarlos por este concepto.
El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de seis años de prisión, el retorno de los 7.335 euros que se habían retirado en 18 operaciones de caja en las que el acusado había falsificado la firma del tesorero en su época de presidente de la Junta Vecinal y la inhabilitación para el ejercicio de sus facultades como cargo público por espacio de diez años. Finalmente, la condena de conformidad sentencia que el procesado sea condenado a dos años de prisión, la devolución de los 7.355 euros objeto del litigio y la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como cargo público.
Consultado por este periódico, el condenado no quiso hacer valoraciones y respondió de mal agrado respecto a la resolución dictada en la sentencia.
En el escrito de calificaciones provisionales firmado por su letrado, achacó la denuncia a la mala fe de los autores de la acusación, a los que achacó haber actuado bajo el rencor y movidos por intereses políticos. Criticó también entonces la astucia de los autores de la demanda y advirtió que se probaría en el juicio su inocencia y que quedaría demostrado que en ningún caso falsificó la firma del tesorero entre septiembre del 2009 y abril del 2010 para realizar los reintegros por los que se le acusaba.
Sin embargo, ya ante la Audiencia Provincial de León, a través de su Sección Tercera, acató un acuerdo de conformidad y convino la pena pactada con el Ministerio Fiscal, además de la devolución de las cantidades exigidas.