Los sindicatos rechazan para los pueblos «una sanidad de segunda»

La reunión que las organizaciones profesionales agrarias mantuvieron ayer en Valladolid con el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, a fin de que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en Atención Primaria no elimine médicos del medio rural acabó sin acuerdo entre las partes. «No hay nada que rascar», señaló el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado, cuyo sindicato, al igual que la Alianza de Ugal-UPA y Ucale-Coag y la UCCL, se ha posicionado contra cualquier reducción en el número de facultativos. Los sindicatos temen que los pueblos tengan una sanidad de segunda.

De poco sirvió el planteamiento del campo ante un Sáez Aguado que ya había manifestado el lunes a este periódico que el debate no se centra en las zonas urbanas frente a la rurales, sino en la «carga de trabajo» y en la antigüedad del plan.

Turrado señaló al finalizar la reunión que el medio rural «no está para perder servicios» y señaló que Sáez Aguado garantiza la atención sanitaria en los pueblos «con menos medios y una mejor organización del trabajo» de los médicos. «Quizá los tiempos no están para exigir una mejor calidad en los servicios al medio rural, pero lo cierto es que en los pueblos estamos peor tratados, se vive peor, pero no es lo que tocaba abordar en esta reunión».

Asaja se queja de la falta «de un planteamiento global» de los servicios, porque cada consejero «sólo está a lo suyo. Nadie es capaz de realizar un planteamiento regional», de manera que, por ejemplo, «en el transporte o no hay frecuencias o no coinciden con ningún servicio, porque la consejera de Agricultura sólo quiere saber de los suyo, el de Fomento ni siquiera eso y el de Sanidad te saca datos de que un médico tiene 70 cartillas y otro 800».

En una nota de prensa, la Alianza de UPA-Coag señaló que en el encuentro sus secretario generales, Julio López y Aurelio Pérez apelaron «a que se garantice la igualdad de acceso a un servicio público básico como es el sanitario, que debe gozar de la universalidad, gratuidad y calidad tanto en el mundo rural como en el urbano». Además, trasladaron a Sáez Aguado que «deben prevalecer los criterios sociales sobre los meramente economicistas a la hora decidir las inversiones precisas en equipamientos e infraestructuras» y no la relación inversión/usuario, «que condena una vez más al medio rural».

La UCCL manifestó antes de la reunión y en nota de prensa, «su más absoluto rechazo» a una reforma que supone «una sanidad de segunda» para los habitantes de los pueblos, hecho que «sienta las bases para que se produzca una importante despoblación».