No hay caso contra Alonso por el 'carbón desaparecido'
El juez archiva la querrella de Hunosa contra el grupo leonés
El juez y el ministerio fiscal no han visto indicios de delito en el caso de las 500.000 toneladas de carbón ‘desaparecidas’ del Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC) y que motivó la denuncia de la minera pública asturiana Hunosa contra las empresas Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico, propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, según señaló ayer el Grupo Alonso a través de un comunicado.
Así, el juzgado de Cangas de Narcea en el que se realizaron las diligencias previas considera que se trata de un «asunto civil que se origina como consecuencia de una discrepancia en la interpretación de los contratos suscritos entre ambas compañías mineras y Hunosa».
La supuesta desaparición del carbón fue denunciada a finales de 2012 por Hunosa y meses después, en marzo de 2013, el Consejo de la minera decidió iniciar acciones penales contra el Grupo Alonso por la desaparición de 577.924 toneladas de carbón propiedad la hullera pública que se encontraban en el AETC.
En concreto, Hunosa presentó una querella criminal por apropiación indebida o por estafa contra el Grupo Alonso por un quebranto que rondaba los 46 millones de euros.
En el comunicado remitido ayer, el Grupo Alonso asegura que, según la decisión judicial, no hubo «ni estafa ni apropiación indebida ni falsedad en documento mercantil».
Considera que la postura del juez y del Ministerio Fiscal de considerar el enfrentamiento una cuestión civil, coincide «plenamente» con la percepción de Uminsa y Coto Minero, que previamente habían demandado a Hunosa ante los Juzgados de 1ª Instancia de Obiedo, «por activar unas garantías (embargo de sus facturaciones y ayudas) que las llevaban a la asfixia económica, sin que se hubiese declarado ningún incumplimiento de los contratos».
Retirada de ayudas
Además, denuncia que la acusación realizada por Hunosa en la vía penal, «anunciada a bombo y platillo por su presidenta en rueda de prensa», se consiguió crear un «estado de opinión adecuado para favorecer la denegación de 50 millones de euros en ayudas de 2012 a ambas empresas, las dos mayores de España en aquel momento, provocando la situación concursal en que se hayan inmersas, a la que cabe añadir la liquidación de gran parte de sus empresas auxiliares».
El Grupo Alonso acusa a la minera pública de ocultar a la opinión pública que su decisión se basó «en un informe pericial parcial» y que en el mismo informe la perito «ya señalaba que faltaba por realizar una segunda fase de las mediciones».
A su juicio, «este hecho ha quedado probado en el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea, al ponerse de manifiesto que ambos informes no son contradictorios sino complementarios y que, en consecuencia, existía carbón suficiente en los almacenes para cumplir los contratos».
Responsabilidades
Afirma también el comunicado que «conocedora de esta realidad», Hunosa se negó a recibir el segundo informe «que le fue ofrecido para su análisis pocos días antes de presentar la querella». En vista de esto, los abogados del Grupo Alonso están analizando si procede «la exigencia de responsabilidades por los multimillonarios daños y perjuicios causados a Uminsa y CMC».
También atribuye a los «despropósitos» de Hunosa y a su estrategia de «acoso y derribo» la pérdida de 1.000 empleos en las expresas auxiliares de Uminsa y CMC y «puesto en situación de grave riesgo los algo más de 1.000 que aún se mantiene». Además, añade , debido a la situación de liquidación de CMC y de concurso de Uminsa, Hunosa «deberá soportar pérdidas muy significativas en la ejecución de unos contratos que, gestionados adecuadamente le habrían reportado beneficios».
El AETC fue una iniciativa adoptada en 2009 del Gobierno central por la que se autorizaba a Hunosa a comprar carbón a las compañías privadas, almacenarlo y venderlo posteriormente a las térmicas.
Hunosa firmó 15 contratos con nueve empresas mineras para adquirir más de tres millones de toneladas de carbón que quedó almacenado en una veintena de depósitos de Palencia, Asturias y León.