El PSOE exige dimitir a Soria y Mallada por el «sainete» del carbón de Hunosa
Del Blanco pregunta en el Senado si se mantienen las ayudas tras cambiar la titularidad.
Uno de los apiles destinados al AETC en la zona de Fabero, en El Bierzo.
El PSOE leonés considera que el «sainete» de la presidenta de la minera pública Hunosa, Teresa Mallada, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, en su batalla judicial contra el Grupo Alonso por la supuesta «desaparición» de mineral destinado al Almacén Estratégico Temporal de Carbón gestionado por la empresa pública debe saldarse con la dimisión de ambos. Así lo manifestó ayer el senador leonés Ibán García del Blanco, durante la presentación de una iniciativa parlamentaria para preguntar al Ministerio de Industria si el Gobierno garantiza que las ayudas contempladas en el Marco de Actuación de la Reestructuración de la Minería se mantendrán para las unidades de producción que permanezcan abiertas, independientemente de quién ostente su titularidad.
El Grupo Socialista pretende así asegurar la continuidad de la actividad minera, al margen de los cambios que se produzcan en la propiedad de las explotaciones, dado el actual escenario de liquidaciones y procesos concursales que vive el sector.
Según explicó García Del Blanco, a mayores de las exigencias del reglamento europeo sobre la devolución de las ayudas desde 2011 por parte de las empresas que quieran seguir activas a partir de 2018 sin ayudas públicas la actuación del Gobierno del PP retrasando y reduciendo la contribución al funcionamiento de las empresas «hace que lo más preocupante sea ahora saber si alguna compañía minera llegará a 2018 no ya en condiciones de competitividad, sino abierta».
Respecto al archivo de la querella penal contra el Grupo Alonso presentada por Hunosa, el PSOE recuerda que el ministro Soria «se escudó en esta supuesta irregularidad para denegar los 50 millones de ayudas a la compañía, lo que además supuso una bomba de relojería para el sector, al dinamitar la seguridad jurídica que suponía el compromiso de recibir las ayudas».
Una situación que se ha traducido en una situación extrema para las empresas y en la pérdida de «cientos» de puestos de trabajo en las cuencas mineras, una situación que ahora «es difícil de revertir».
Por otro lado el senador socialista explicó que ha solicitado al Ministerio de Industria la carta enviada por la Comisión Europea rechazando el plan de cierre presentado por las empresas y reclamando uno nuevo; a la vez que declara ilegales las ayudas cobradas desde 2011. «Dudo que se consideren ilegales, en cualquier caso faltan por pagar parte de las de 2012 y todas las de 2013».