La «crítica» situación del municipio obligará a adoptar un plan de ajuste

El Consejo de Cuentas urgió ayer un plan de ajuste al Ayuntamiento de Valderas ante la «situación critica, excepcional y de ingobernabilidad» en la que se encuentra para ejercer sus competencias y el riesgo de disolución, ya que arrastra una deuda de 2,6 millones de euros lo que ha motivado que el Ministerio de Hacienda haya retenido el pago de su participación en los tributos del Estado.

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes para exponer el informe de fiscalización de este ayuntamiento de casi 2.000 habitantes, incluido por los grupos de la Cámara en el Plan de Fiscalización de la institución para 2013, el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, calificó de «necesario» ese plan de ajuste para aprobar el presupuesto —las últimas cuentas datan de 2008—, reconstruir la contabilidad, remitir las liquidaciones y rendir cuentas, iniciativa que se debe someter al Ministerio de Hacienda.

Los grupos políticos compartieron las conclusiones expuestas por el presidente del Consejo de Cuentas, cuyo informe calificaron de equilibrado e imparcial. Para el leonesista Alejandro Valderas, este caso es el resultado de la falta de control de un ayuntamiento, «gobernado por un cacique» hasta el año 2011 —en referencia al edil popular Eloy José Rubio—, que se podía haber evitado por las administraciones.

En la misma denuncia, incidió el socialista Miguel Ángel Fernández Cardo, que culpó tanto a la Diputación y Subdelegación del Gobierno en León como a la Junta de Castilla y León por no haber estado diligente en cubrir la plaza de secretario interventor, después de haber sido ocupada por seis personas desde 2009. El popular Salvador Cruz, que admitió que en ese ayuntamiento «ha fallado todo», afirmó que Valderas es la «excepción» en un mapa local de 2.248 municipios de Castilla y León. «No es la tónica general», recalcó.

En las elecciones de 2011, el PSOE obtuvo siete concejales y el PP cuatro, pero en abril de 2013, cinco de los ediles socialistas habían renunciado, sin que existieran candidatos en la lista electoral, y otros dos estaban como no adscritos. La Junta Electoral Central propuso cinco candidatos para constituir la corporación municipal, formada por cinco del PSOE no electos, uno del PP y cinco no adscritos, pero electos. La alcaldesa en funciones, Silvia Blanco, es concejal no electa del PSOE.

Ante ese «caos político y organizativo», como se refirieron tanto el presidente del Consejo de Cuentas como los portavoces en la Comisión, se debe normalizar la situación económica —el consistorio adeuda 1,2 millones a otras administraciones, 39.816 euros de endeudamiento financiero y 1,3 comercial— y nombrar al secretario interventor, plaza clave, en opinión de Encabo para abordar el plan de ajuste.

«La consecuencia de esta auténtica desidia es que la contabilidad se ha llevado de manera puntual, discontinua e incompleta», explicó Encabo, que apuntó a las dificultades del Consejo para recabar los datos por encontrarse la «documentación dispersa» y carecer de la contabilidad al día. Entre las conclusiones del alto órgano de fiscalización, esta la aprobación de la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal, dado que están vacantes los cuatro puestos de funcionarios y dos operarios laborales realizan tareas administrativas.

Según el informe del Consejo, de no adoptarse ninguna medida, entre las que recomienda clarificar la deuda comercial a proveedores —el Ayuntameinto estima 535.268 euros pero tiene reclamados 698.050 euros en el juzgado—, se encuentra en una «situación critica para ejercer sus competencias», incluso las de carácter obligatorio recogidas en la Ley de Bases de Régimen Local.