Los sindicatos de la Vasco esperan en las oficinas otra propuesta de convenio
El comité de empresa celebra una «asamblea indefinida» en la sede de Santa Lucía.

Los sindicalistas Martínez, González, Colinas y García, en la sede de la Vasco de Santa Lucía.
La negociación del convenio colectivo en la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa (HVL) finalizó ayer con un cruce de acusaciones entre la empresa y los sindicatos, en el que cada parte responsabiliza a la otra de haber dejado la mesa de diálogo después de haber tenido el acuerdo al alcance de la mano.
El comité de empresa permaneció ayer en las oficinas de HVL en Santa Lucía de Gordón «reunido en asamblea permanente» y a la espera de que la minera volviera a discutir las condiciones laborales. «Queremos negociar», manifestaban ayer los representantes de USO, UGT, CC.OO. y la Asociación de Vigilantes después de que, sobre el mediodía, se rompieran las negociaciones en la última jornada para alcanzar un acuerdo, de manera que el lunes «regirá en HVL el convenio provincial del sector».
Por su parte, la empresa informó que al finalizar el plazo para negociar con la jornada de ayer y tras haberse acercado posturas a los sindicatos «tan sólo les quedaba la opción de firmar o rechazar el acuerdo».
Los cabezas de cada organización señalaban que su asamblea permanente se mantendrá «hasta que la empresa vuelva a negociar, porque rechazamos las imposiciones». La última propuesta de la Vasco suponía, fundamentalmente, una rebaja salarial del 9%, el paso de las vacaciones de 23 a 21 días de trabajo y la pérdida de la paga del factor K (una de las cuatro extraordinarias), eliminando de la jornada laboral el tiempo que los destajistas invierten en llegar a los mazos, punto que se revela como principal escollo. El presidente del comité de empresa, Marco Antonio Martínez (USO), destacó que la empresa «tensó la cuerda» con esta exigencia, porque supone «aproximadamente una hora de la jornada». En su opinión, la medida llega «de alguien de fuera de la negociación, con la intención de llegar a un acuerdo» y que se imponga el convenio provincial. «Aun partiendo de que no nos gusta el preacuerdo, siempre es mejor llevar a los trabajadores algo que votar que no una imposición», añadió.
El representante de UGT, José Antonio Colinas, destacó que el convenio provincial «puede suponer una pérdida del 26% del salario, aproximadamente» y subrayó que en el comité «estamos abiertos a todo» en una negociación «en la que cedan las dos partes».
«Una cosa es bajarse el sueldo y otra trabajar gratis», apuntó el representante de CC.OO., José Luis García, para el que la bajada del 9% del salario no es real si a ésta se añade que el tiempo en llegar al tajo sale fuera del horario. En CC.OO. «abogamos por el futuro y si tenemos que apretarnos el cinturón lo hacemos, pero de una manera razonable y sufriendo todos el recorte, porque el esfuerzo siempre cae en la parte más débil, en los trabajadores, y ya el preacuerdo era una bajada de pantalones considerable».
En términos similares se manifestó el representante de la Asociación de Vigilantes, José Ramón González, que añadió su convicción en que la empresa «viene a asfixiarnos y vamos a defendernos en la medida en que podamos».
Desde la empresa se informó ayer que el jueves «algunos sindicatos querían firmar» y que el cambio de postura se produjo ayer, en la última reunión fijada. En un contexto de incertidumbre en el sector, de pérdidas durante tres años consecutivos, la falta de las ayudas del 2013 y sin convocarse las de este año y con las eléctricas que no compran, HVL «trata de ser más competitiva con el objetivo de que la empresa subsista más allá del 2018», con una serie de medidas que suponen «ganar en eficiencia, tocando lo menos posible el sueldo de los trabajadores». Con respecto a los destajos, la empresa propone «instalar un transporte en los raíles de la mina para invertir menos tiempo en llegar, comenzando la jornada una vez allí», en vez de realizar el recorrido a pie, como se hace hasta ahora.
La empresa planteó una rebaja salarial de un 17% que los trabajadores rechazaron en asamblea a finales de enero.