Investigan si la Junta de Gobierno local prevaricó al conceder una subvención

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Bañeza investiga si la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castrocontrigo —formada por el alcalde, Aureliano Fernández, y los concejales Celestino Fuente y Alejandra Lafuente, todos del Partido Popular— incurrió en un ilícito penal al otorgar una ayuda a la natalidad que no cumplía con la normativa municipal. El portavoz de la UPL, Álvaro Campo, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial en julio, y ésta formuló denuncia ante el Juzgado decano de La Bañeza en enero.

A resultas de ésta, la maghistrada incoó diligencias previas ante la posible existencia de una prevaricación administrativa. Será la titular del juzgado la que decida si se archiva el caso o, al igual que la Fiscalía, encuentra indicios de ilícito penal por el que tengan que responder los tres cargos municipales.

La UPL llevó a la Fiscalía en el mes de julio la concesión de una ayuda de 300 euros a un matrimonio, que, según sostenía, no residía en el municipio y en el que sólo uno de los cónyuges figuraba en el padrón —la norma exige el empadronamiento de ambos en el municipio y su residencia en ésta—. A la solicitud de subvención acompañaba un reparo de la Secretaría-Intervención municipal en la que informaba contra la concesión de la ayuda al no cumplirse con los requisitos establecidos. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente en su sesión del 11 de marzo de 2013.

El pasado 16 de enero, la fiscal instructora entiende que los hechos referidos por el portavoz de la oposición «pudieran ser constitutivos de infracción penal», motivo por el que «se acuerda formular denuncia» ante el Juzgado Decano de La Bañeza.

En el marco de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 2, en el que ha recaído el caso, se ha tomado declaración a los miembros de la Junta de Gobierno Local, así como al jefe de filas de la UPL, Álvaro Campo, que se ratificó en la denuncia presentada. El juzgado ha dado la opción al concejal de la oposición de que se persone en la causa como acusación particular, sin que Campo haya decidido aún si nombrará abogado y procurador que le representen en la instrucción o dejará actuar a la magistrada y a la Fiscalía.

«Actuamos de buena fe»

Por su parte, el alcalde de Castrocontrigo, Aureliano Fernández Justel, manifestó ayer su respeto a la actuación judicial y sus decisiones, aunque «personalmente me parece un asunto nimio».

Fernández indicó que los miembros de la junta de Gobierno Local «actuamos de buena fe» cuando aprobaron la ayuda y apuntó que ésta «se había dado antes a personas que abandonaron el municipio sin permanecer el tiempo al que les obligan las bases y a los que no hemos podido seguir el rastro» —para exigir la devolución de la ayuda, se entiende—.

El regidor reconoció que tanto él como sus tenientes de alcaldía conocían el informe negativo de la Secretaría, «que no es más que uno de los cónyuges, el marido, no está empadronado en Castrocontrigo». Sobre la investigación judicial, señaló que, por el momento, han prestado declaración ante el juzgado, pero desconoce si ya hay una decisión sobre el caso.

El artículo 404 del Código Penal recoge que «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años», dentro de los delitos contra la Administración pública.