Propone la dación en pago de su casa antes de no poder pagar la hipoteca

No está dispuesto a perder la guerra. Al menos intentará ganarla. Es Pablo Fernández Fernández, de 33 años, que sabe que a partir del mes de julio, cuando se le acaba la prestación por desempleo, no podrá hacer frente a la hipoteca que adquirió con una caja de ahorros. Es consciente de que se expone al desahucio o la ejecución hipotecaria cuando ya no pueda atender la cuota, pero está dispuesto a llegar hasta el final. «Voy a luchar por la dación en pago», reconoce un hombre que quiere ponerle nombre y rostro al drama que viven miles de españoles. «Estoy al límite, ya no llego, dependo de la ayuda de la familia para salir adelante», asegura. Y, por eso, adelántandose a lo que pueda pasar, el viernes presentó en la sucursal de la entidad en Carrizo de la Ribera la solicitud para que le apliquen el código de buenas prácticas, debido a que se encuentra en riesgo de exclusión social. «Quiero llegar a una solución en el problema hipotecario que tengo», confiesa Fernández.

En los colectivos antideshaucios ha encontrado un respaldo. De hecho él formó parte de la plataforma Stop Desahucios en Astorga, prestando ayuda a las familias de la ciudad que la necesitaban. Ahora, tiene que ver la realidad desde el otro lado.

En una de las ventanas de su casa ya se ve en cartel de se vende. «Si la situación no cambia y no encuentro trabajo, el 29 de julio dejaré de pagar». Por ello, ya ha pedido a la caja con la que adquirió el crédito la concesión de la carencia hipotecaria. Es el primer paso, aunque no elimina la deuda, sólo la aplaza. Su meta es la dación en pago. Por ley, la entidad tiene un plazo de un mes para contestar a este chico, que es consciente de que está dentro del perfil de personas que se incluyen en este código de buenas prácticas. La casa es su vivienda habitual, está empadronado, en riesgo de exclusión social, el inmueble no excede un límite de valor fijado en cada municipio y la cuota de hipoteca supone un 50% de los ingresos que percibe.

En el momento que este joven no pague el cuarto recibo sabe que la entidad lo denunciará ante el juzgado y comenzará un proceso que puede acabar en desahucio. «Cuando deje de cobrar el paro, en el mejor de los casos me darán un subsidio de 426 euros que no puedo destinar a pagar la hipoteca, tengo que pagar recibos, seguros, comer...». En sus ojos hay rabia.

Apoyo familiar

Es consciente del respaldo de sus padres, «no me va a faltar un plato de comida ni una cama», dice. Paga 375 euros de hipoteca y percibe al mes 721 euros de desempleo. Con esta cantidad también hace frente a la luz, al agua, a los impuestos, al coche y a los imprevistos. Ahora tiene en una de las cuentas 59 euros, en otra 270. «Cuando deje de pagar sólo le deberé dinero a la caja. Es lo que menos me importa».

Lleva desempleado desde 2013. «No quiero alargar la ayuda de mi familia. Tengo 33 años y estar constantemente dependiendo de los demás es frustrante. Es la mal llamada crisis, para mí una estafa», confiesa Pablo Fernández, que no se siente avergonzado. «Hay mucho reparo en dar la cara, es una situación dificil pero no soy ningún delincuente, sólo un joven más al que las circunstancias de la vida le han dado un revés». En este camino se encuentra y para hacerse oír y presionar a la entidad ha abierto en la plataforma digital change.org una recogida de firmas.

«No tengo miedo ni a los bancos ni a las cajas ni a la legislación». Se muestra seguro y trata de que esta situación le afecte lo menos posible, aunque la desilusión aflora por momentos. En 2007 cuando pidió la hipoteca nunca pensó verse en esta situación, tenía un trabajo, ganaba dinero... Sin embargo, en dos meses cuando deje de pagar le quedará una deuda de más de 80.000 euros. Su consuelo es que sus padres no le avalaron. La solución pasa por «luchar y luchar», asegura.

Sin el apoyo que ha encontrado en su familia, Fernández está convencido de que su situación sería como la de otras personas que viven sin luz ni agua y recurriendo a los bancos de alimentos. «Las instituciones lamentablemente no ayudan y las entidades no están dispuestas a negociar», denuncia.