León, la provincia donde se cazan más lobos, registra el mayor crecimiento de la especie

Tras un estudio poblacional sin precedentes en Europa, en el que han trabajado 650 profesionales para censar al lobo sobre una superficie de 94.227 kilómetros cuadrados, la Junta de Castilla y León ha puesto cifras reales a la evolución de la especie en comunidad, que no presentaba datos oficiales desde el 2001.

Castilla y León tiene la peculiaridad de diferenciar al lobo al norte del Duero, donde la especie es cinegética, y al Sur, donde goza de la protección de la Unión Europea. Este hecho tiene especial relevancia a la hora de evaluar la evolución de esta especie, ya que de las 179 manadas censadas en toda la comunidad, que suponen un incremento del 20% con respecto al 2001, un total de 152 corresponden al norte del río Duero (132 en el año 2001) y 27 manadas al sur del río (17 en 2001).

La reproducción se ha confirmado en el 73 % de las manadas determinadas. Se calcula que, en época estival, y considerando tanto los ejemplares que componen las manadas como los solitarios, hay 1.600 lobos en Castilla y León, frente a los aproximadamente 1.349 de hace diez años.

Al sur del Duero, donde la especie está protegida por la Unión Europea, el área de distribución del lobo ha aumentado en un 26% (132 manadas frente a las 17 del 2001), lo que demuestra que la especie está en disposición para avanzar hacia el sur en su área de distribución.

Pese a ello, la provincia en la que más crece la especie es León, que registra 54 manadas de las 44 estimadas en el 2001, pese a ser el territorio en el que la Junta autoriza más batidas precisamente para controlar la población. De los 137 cupos de caza autorizados el año pasado por la Junta, 50 corresponden a León, 26 de ellos solo en la montaña de Riaño, mientras que el resto se reparte con 31 en Zamora, otros 31 en Palencia, 17 en Burgos, cuatro en Soria y otros tantos en Valladolid.

Para el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, que fue ayer el encargado de presentar los datos de este censo en Valladolid, confía en que la Comisión Europea dé el mismo estatus a la especie en toda la Comunidad. «De momento hay buenas palabras pero una directiva no se cambia de un día para otro», explicó en declaraciones recogidas por Ical. «Cuanto mayor sea la información científica más claro lo tendrá Europa que hay que cambiar la directiva. La población de lobos se consolida en el sur y si se controla está claro que su conservación será mejor», apuntó.

A modo de análisis, Arranz aseguró que «el lobo atraviesa en líneas generales una situación favorable en cuanto a su estado de conservación, resultando esenciales las políticas que permitan compatibilizar la conservación de la especie con la actividad ganadera de nuestra comunidad», explicó. Igualmente, recordó que a finales de 2014 se podrá tramitar el decreto que regule el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

800 ataques al año

Por lo que se refiere a la conflictividad que el lobo genera en el mundo rural, el director general de Medio Natural declaró que la Junta mantiene las ayudas para que los ganaderos puedan convivir con el lobo «sin que existe una desventaja competitiva frente a la existencia de esta especie». En este sentido, se refirió a la posibilidad de reclamación patrimonial de daños causados en sus explotaciones por las manadas cánidos, con una media anual de unos 800 ataques. «El nivel de daños se mantiene en los últimos años con una media de unas 700 reclamaciones de los ganaderos, a los que se ha indemnizado desde la Junta con cerca de 400.000 euros anuales», sostuvo.

Además, José Ángel Arranz puso de manifiesto que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente trata de buscar el todo momento la aplicación de técnicas de pastoreo compatibles con la supervivencia del lobo. «Entre ellas está la de aislar al ganado por la noche en un recinto cerrado, la utilización de trampeos y otros métodos de captura para evitar daños a la cabaña ganadera. Primero se insiste en este tema y si no se logra evitar ataques pues se pasa a las medidas de control de la población lobera», concluyó.

Arranz concretó que se trata de una información «precisa y realizada con la mayor transparencia posible», por lo que confió en que las ONGs conservacionistas, organizadores agrarias y cazadores reconozcan «este gran esfuerzo del personal técnico y de campo a través de un estudio de calidad que ayudará en la toma de decisiones para sacar adelante una especie emblemática». En este sentido señaló que se trata de un censo que suele arrojar datos «muy polémicos y cuestionados», ya que, por un lado, hay quien afirma que se pretende desde «el interés» de la administración competente aumentar las cifras «para que haya batidas de caza o se hagan más controles» y, desde otro lado, está quien considera que se reducen «para que no se tomen medidas regulatorias».

Los ganaderos opinan

Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) señaló ayer que el dato oficial de un incremento del 20 por ciento del censo de lobos en Castilla y León es una constatación de lo que «reiteradamente» viene denunciando y que, a su juicio, supone llevar aparejado «un mayor conflicto» con la ganadería en la comunidad.

La alianza UPA-COAG denuncia que la estimación de la Consejería de Medio Ambiente en el día de hoy «se queda muy corta respecto al número de ejemplares reales que hay en Castilla y León, a juzgar por los ataques del lobo en las explotaciones ganaderas». Para los ganaderos, el censo «da la razón» a las continuas denuncias sobre «una expansión incontrolada de esta especie».