Villaornate inicia la pelea de la Vega del Esla con la Junta por los chopos

El Ayuntamiento de Villaornate y Castro peleará con la Junta de Castilla y León por mantener la propiedad de casi 140 hectáreas de terrenos situados junto al río Esla. «Haremos todo lo que tengamos que hacer por defender lo que es nuestro», afirmó ayer el alcalde, Gregorio Merino, en una especie de concejo abierto que tuvo lugar en el salón de plenos del consistorio. En el acto estuvo presente también el presidente de la junta vecinal de Castrofuerte, Juan Ignacio Chamorro, y cerca de medio centenar de vecinos que apoyaron al unísono la decisión del Ayuntamiento. Incluso algún ex alcalde que ya tuvo que estar en guerras similares hace décadas por este mismo tema.

Y es que el problema viene de lejos, pero llevaba años dormido. Se trata de la llamadas riberas estimadas que, por resumir el proceso, se trata de los terrenos que pueden ser inundados por el río. En el año 1968 por medio de una publicación en el Boletín Oficial del Estado esas fincas pasan a ser propiedad de Patrimonio Forestal del Estado. En principio, al ser potencialmente inundables, se pretendía evitar la construcción de edificios, naves... Pero en la práctica, se trata de fincas que están siendo explotadas con plantaciones de chopos con el consiguiente beneficio económico.

En todos los casos son terrenos comunales que pertenecen al común de los vecinos y, por tanto, no pueden venderse ni enajenarse. Desde siglos han sido aprovechados como pastos y otros usos.

En el caso concreto de Villaornate, todo fue normal, hasta que a principios de la década de los setenta llegaron las máquinas del Estado a realizar plantaciones y los vecinos se opusieron y no lo permitieron. El Estado pleiteó con el Ayuntamiento y el Tribunal Supremo dio la razón a este último.

Con la llegada de las autonomías, estos terrenos pasó a explotarlos la Junta de Castilla y León, firmando convenios ayuntamiento a ayuntamiento dándoles un porcentaje de las cortas de chopos.

Pero la chispa vuelve a saltar ahora cuando los vecinos se enteran que la Junta publicó en el Bocyl en noviembre de 2012 una disposición declarando todos estos terrenos como Montes de Utilidad Pública.

En el caso de este Ayuntamiento son 64 hectáreas en Villaornate y 75 en Castrofuerte, en el registro de la propiedad a su favor. Según informaron, ahora la Junta pretende ponerlas a su nombre. «Y no se lo vamos a permitir», aseguran.

Ayer se acordó que el Ayuntamiento haría su propio deslinde de las fincas y sólo reconocería como propietario limítrofe a la Confederación Hidrográfica del Duero, titular del río y del espacio próximo de servicio público. Tanto el alcalde como el presidente de la junta vecinal no descartan ir a los tribunales o realizar otras medidas de presión.