Piden cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados por la estafa de FP

Los responsables del centro privado de Formación Profesional Tierras de La Bañeza —Adela Posada Ramos, Daniel Aldonza García y Raúl Aldonza Posada— se enfrentan a una pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos por la comisión de un presunto delito continuado de estafa por el escándalo de las matrículas falsas, que vio la luz en abril de 2009.

Los directivos del centro de La Bañeza matricularon a un mayor número de alumnos en la FP a distancia que el autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, por lo que el caso afectó principalmente a estudiantes de los módulos formativos de Auxiiliar de Farmacia y Cuidados Auxiliares de Enfermería, muchos de ellos con un puesto de trabajo para el ahora se les exigía el título. La modalidad de formación a distancia dio lugar a que los afectados fueran de distintos puntos de España, como Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha e incluso Canarias.

Después de cinco años, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Bañeza cerró el viernes pasado la fase de instrucción —compleja, entre otras razones, por el número de perjudicados y su dispersión geográfica—, con una auto en el que decreta la apertura de juicio oral contra la dirección del Tierras de La Bañeza, declara competente a la Audiencia Provincial de León para conocer los hechos y dictar sentencia, impone a cada uno de los acusados 4.000 euros de multa y les requiere para que, de forma solidaria, abonen 205.610 euros «para asegurar las responsabilidades pecunarias» que se les pueda imponer.

El auto recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de cinco acusaciones particulares. Casi todas las acusaciones solicitan una privación de libertad de cuatro años para cada uno de los acusados, así como multas e indemnizaciones. El fiscal aporta un listado de 113 afectados, a los que se deberán indemnizar cantidades que van desde los 90 a los 2.970 euros, y cifra la cuantía de la multa para cada uno de los directivos del centro en 10 meses a razón de 10 euros diarios.

La Junta de Castilla y León, que puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades que encontró en el centro, también considera que se cometió una estafa continuada, por el mismo tiempo de cárcel que el ministerio público, si bien solicita una multa de 9 meses a 10 euros diarios. También solicitan cuatro años de presión otras tres acusaciones particulares, excepto una de éstas que solicita siete años. Las diferencias entre éstas estriban en las multas e indemnizaciones que solicitan. Dos de éstas coinciden en apuntar a la Administración autonómica como responsable civil subsidiaria en caso de que los acusados no puedan hacer frente a las cantidades que finalmente se exijan.