Doce ayuntamientos forman un frente para llevar a los juzgados el traslado de las balas de basura

 

Astorga y los ayuntamientos de las Mancomunidades de la Cepeda y del Órbigo, una docena de municipios en total del área de influencia del centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega, acordaron de manera unánime iniciar los trámites administrativos y judiciales para impedir, entre otras cosas, el “riesgo de insalubridad” que supone al llegada a la planta provincial de 500.000 toneladas de basura sin tratamiento previo.

Los municipios de Astorga, Benavides de Órbigo, Turcia, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Villagatón, Villamejil y Quintana del Castillo se han sumado en bloque a las alegaciones que se registraron hoy ante el consorcio provincial Gersul contra la ordenanza que esconde una autorización expresa al vertido directo “sin tratamiento previo ni garantías de salubridad” de las balas procedentes del depósito temporal de Santa María del Páramo.

Estas corporaciones, regidas por PP, PSOE y UPL han aprobado también otorgar un plazo a Gersul y a la Junta de Castilla y León para mantener una reunión “urgente” en los próximos días. Según informaron a través de un comunicado, se trata de “un gesto para no renunciar a la vía del diálogo”, abriendo una posible negociación antes de formalizar ante los tribunales un recurso judicial contra el depósito de esa “ingente cantidad de basura” que, además, saturará “casi por completo” el actual vaso de vertido.

La reunión se planteó ante el presidente de Gersul, el vicepresidente de la Diputación José Antonio Velasco, y el delegado territorial de la Junta, Guillermo García, por ser la administración con las competencias en materia de medio ambiente y responsable de cualquier autorización de vertido.

Los 12 ayuntamientos recordaron en sus respectivos escritos de alegación que se ha producido por parte de Gersul una “mala gestión del sistema de residuos”. En concreto, no se garantiza la viabilidad de las instalaciones “ni siquiera a medio plazo” y tampoco se vela por la protección de la salud de las personas y el medio ambiente.

Por otro lado, consideraron que es “vergonzoso e irresponsable” que el consorcio trate de solucionar ahora el problema que están obligados a afrontar “desde hace más de diez años” trasladando simplemente los riesgos de sitio, pasando las balas desde las proximidades de Valdefuentes del Páramo a San Román y su entorno.

De hecho, recordaron que la decisión de verter de manera directa los fardos “carece de las necesarias autorizaciones y contraviene incluso la autorización ambiental otorgada a las instalaciones” por la Junta de Castilla y León, abocando así a “inminentes riesgos” que podrían incluso “colapsar” todo el sistema provincial de residuos, algo que advirtieron que sería responsabilidad del consorcio Gersul por “ignorar los justos y razonados argumentos en contra que defienden”.