La Junta, competente

La sentencia dictada el martes ratifica que es la Junta de Castilla y León la administración competente para resolver la solicitud de autorización presentada por la empresa; y que el procedimiento seguido por la autorización «se ajusta a lo dispuesto en la normativa aplicable en cuanto que el proyecto no está sometido a estudio de impacto ambiental». La sentencia anterior consideraba que era la Administración central la competente