Villaornate
Le piden seis años en un centro especial por disparar a un guardia y un médico
La Fiscalía solicita la absolución del acusado por el transtorno psicológico que sufre.

El juicio contra el vecino de Villaornate se celebró ayer en la Audiencia.
La Fiscalía y las acusaciones particulares solicitaron ayer la absolución del vecino de Villaornate que en la madrugada de 1 de noviembre de 2012 hirió con una escopeta de caza a un cabo de la Guardia Civil y a un médico del Centro de Salud de Valencia de Don Juan al entender como eximente completa el brote psicótico que padecía
En sus conclusiones provinsionales, el Ministerio Fiscal solicitaba la condena del procesado por un delito de homicidio en grado de tentativa, otro contra agente de la autoridad por abrir fuego contra un guardia civil, y un segundo intento de homicidio sufrido por el sanitario, criterio que modificó tras escuchar a las forenses que examinaron al reo. Las peritos comparecieron en el juicio celebrado ayer en la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de León.
De los testimonios que aportaron las forenses y los testigos se desprende que el acusado llevaba meses sin tomar la medicación prescrita para una esquizofrenia de tipo paranoide, que se le diagnosticó en 2007. El acusado se había encerrado el 30 de octubre por la tarde y de madrugada en la buhardilla del domicilio familiar y ya por la noche sus allegados habían solicitado asistencia médica. Además, advirtieron de que faltaba una escopeta de caza del armero de la vivienda, aunque, al parecer, no podían establecer a ciencia cierta si su familiar estaba armado.
Cuando dos guardias civiles y un médico de Sacyl negociaban con el acusado para que depusiera su actitud, éste disparó la escopeta —hecho que consideran probado la fiscal y los letrados del cabo y del médico heridos—, cargada con cartuchos de perdigones, alcanzando al cabo en la zona escapular derecha y cayendo éste por las escaleras. El agente sufrió una importante herida en la cabeza, que precisó siete días de hospitalización y otros 222 para su restablecimiento.
El facultativo también resultó herido por los perdigones —le extranjeron 16 de una pierna— e incluso temió sufrir un segundo disparo, según relató ayer: «Vi que me apuntaba y me tiré por la escalera para salir de su ángulo de tiro». El doctor señaló que ha renunciado a su puesto de trabajo por el estrés postraumático que sufre.
Las forenses que reconocieron al imputado destacaron que su trastorno supone «vivir fuera de la realidad». Además, «se siente perseguido» y actuó en función del delirio persecutorio que le inducía a pensar que la panadera del pueblo le estaba envenando con unos polvos que echaba en el panel. «Se defendió de algo que considera una agresión».
Subrayaron la imposibilidad de tomar declaración el autor del disparo tras el hecho e incluso días después, cuando se encontraba ingresado en el hospital —dos meses más tarde aún manifestaba el delirio persecutorio—. Las peritos no tienen constancia de que estuviera sometido a control médico y apuntaron que el cuadro le convierte en peligroso para sí mismo y cuantos le rodean. También confirmaron el estrés postraumático del médico herido, «que le acompañará durante toda su vida o buena parte».
Los informes y testimonios periciales son la calve del caso. «Pocas veces los peritos son tan claros al determinar la percepción y la voluntad del individuo», dijo la fiscal al cambiar su criterio y solicitar una sentencia absolutoria. El Ministerio Público considera preciso y urgente, sin embargo, el internamiento del acusado en un centro especializado durante seis años para tratamiento médico.
También solicita la prohibición de aproximarse y comunicarse con las vítimas en diez años y la privación del derecho a tener y portar armas. «No comprendemos por qué era titular de un permiso de armas ni las renovaciones sucesivas» de éste, añadió. Pese a su enfermedad, el acusado tenía la llave del armero y lo controlaba por su afición a la caza, según reconocieron sus familiares.
Las acusaciones particulares se adhirieron a la petición de la Fiscalía, si bien interesan una indemnización al agente de 29.708,39 euros, en concepto de responsabilidad civil. La representación del facultativo se reserva ejercer las acciones civiles que estime convenientes. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución de su defendido.