El Consejo de Ministros aprueba una PAC que se desvincula de la producción

El Consejo de Ministros aprobó ayer el marco legal por el que se aplicará la Política Agraria Común (PAC) en España a partir del año que entra y hasta el 2020 sin que se hayan producido sobresaltos conforme a lo previsto. El marco normativo que el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (Magrama) ha pulido con las observaciones de la Comisión Europea desvincula las ayudas desacopladas de la producción, que se fundamenta en la comercialización de las subvenciones en función de zonas con un potencial agrario similar y en las que las ayudas tenderán a igualarse.

Según informó ayer el Magrama, la nueva PAC tiene un presupuesto de 35.705 millones para todo el periodo contemplado, a los que se añaden otros 8.291 millones del Programa de Desarrollo Rural y 3.500 más para actuaciones en el mercado. El marco que regula el sector agroganadero —las ayudas se podrán solicitar a partir del 1 de marzo de 2015— supone la introducción de nuevos conceptos sobre los que se calculan las ayudas y, así, los derechos de pago único que rigen hasta el día 31 se sustituyen por los derechos de pago base —para lo que se divide España en 50 regiones de similar potencial agrario, se introduce el pago por prácticas beneficiosas para el medio ambiente —el denominado greening, que supone un 30% del presupuesto nacional— y un pago para jóvenes agricultores, a los que se destina el 2%.

Los derechos de base se asignarán en función del número de hectáreas a disposición de los agricultores en la campaña de 2015, con el límite de la superficie que declararon en 2013.

La regionalización de las ayudas busca un acercamiento en los valores medios de ayuda percibida por hectárea de cada agricultor con respecto a la media de la región en la que se encuentra —supone que unos verán incrementadas sus ayudas mientras que disminuirá para otros—.

Por otro lado, España destina un 12,08% de los fondos anuales de la PAC a ayudas asociadas a sectores con especiales dificultades —vacuno de cebo, vaca nodriza, ovino-caprino, vacuno de leche, remolacha azucarera, arroz, tomate para industria, frutos de cáscara, cultivos proteicos y legumbres de calidad.

Además se regula una reserva nacional de derechos de pago básico, encaminada a facilitar la entrada de jóvenes en el sector.

Las ayudas se destinan a los agricultores activos, «es decir, a aquellos que tienen una actividad económica mínima de la que obtienen ingresos agrarios», al margen de las ayudas, punto éste especialmente conflictivo. Además, se implanta un régimen de tramitación de ayudas para los pequeños agricultores, aquellos que perciben menos de 1.250 euros anuales de subvenciones.

Los responsables de la organizaciones agrarias manifestaban ayer a la Agencia Efe su descontento con la reforma, ya que los pactos entre el Magrama y las comunidades autónomas se han venido abajo con las recomendaciones de Bruselas, en especial en lo que al agricultor profesional se refiere. Así lo manifestaban el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y su homólogo de la Coag, Miguel Blanco. Así, la condición de que para percibir las ayudas era necesario que el 20% de los ingresos del solicitante proviniesen de la actividad agropecuaria se tambalea.

Desde Asaja se indicó que el Gobierno dispone de los mecanismos necesarios para que las ayudas lleguen a los profesionales del campo.