Los transportistas ganan a la Junta: el TSJ anula derechos de preferencia aplicados al transporte escolar de León

La Asociación de Empresas de Transporte Discrecional de Viajeros de Castilla y León (Asetradis) acaba de ganar la batalla judicial iniciada hace una década contra la Junta de Castilla y León por aplicar los llamados derechos de preferencia en la concesión de las rutas escolares de Castilla y León.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de hacer publica la sentencia 00173/2015 en la que «se declaran nulos todos los actos contractuales acogidos al derecho de preferencia por lo que estima que se deberá producirse una nueva baremación sin inclusión de dicho derecho».

Hasta ahora las empresas concesionarias con líneas de transporte regular tenían preferencia en la asignación de las rutas de transporte escolar si el itinerario de la ruta coincidía entre un 25% y un 75% con su línea regular, lo que dejaba fuera de concurso al 80% de las pequeñas empresas de transporte de la comunidad, independientemente de la puntuación que tuvieran. Esta práctica ha beneficiado hasta ahora al 20% de las empresas de transporte de la comunidad, que se reparten el 80% de las 1.500 rutas escolares de la comunidad, lo que para Asetradis «ha eliminado el derecho a la competencia y ha creado un peligroso oligopolio».

Asetradis siempre ha defendido que pese a que las pequeñas empresas se han visto muy afectadas por esta práctica, ya que incluso muchas han tenido que cerrar, el principal perjudicado es el consumidor ya que estiman el precio del billete se ha encarecido hasta un 20% con los criterios de preferencia, al no tener en cuenta los criterios económicos a la hora de adjudicar las rutas.

De todos modos, los transportistas denuncia que la Junta sigue aplicando de una manera encubierta los derechos de preferencia, ya que pese a haberlos derogado, prorroga los contratos adjudicados con este sistema hasta que la ley se lo permite.

Por este motivo, y con la sentencia del TSJ en la mano, los transportistas exigen que se convoque un nuevo concurso y que no se prorroguen más los contratos adjudicados con los derechos de preferencia.

Otra guerra que los transportistas tienen abierta con la administración autonómica, y que previsiblemente también se resolverá en los tribunales, es la nueva orden publicada conjuntamente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la de Educación y que se pondrá en marcha en el próximo curso. Se trata de la combinación de los servicios de líneas regulares con los del transporte escolar en las rutas «donde sea posible». Esta medida tiene como objetivo «buscar la eficacia y la eficiencia y no duplicar servicios», según explicó la Junta en su día.