Europa abrió a España un proceso de infracción por permitir esta práctica
La batalla legal iniciada hace una década en Europa por la empresa de transporte María Celina de Cistierna, y a la que más tarde se sumaron otras muchas de Castilla y León, para que se eliminaran los derechos de preferencia en la adjudicación de las líneas de transporte escolar, dio también sus frutos.
La Comisión Europea inició en el año 2013 un proceso de infracción contra España por permitir esta práctica mediante el envío de una carta de emplazamiento seguida del envío de un dictamen motivado.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León se vio obligada a eliminar los derechos de preferencia aplicados por decreto desde 1999, a través de la aprobación de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a los ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (Bocyl 249 de 29 de diciembre de 2014).
Fueron muchas la misivas enviadas desde Europa al Gobierno español para que actuará contra la aplicación de los derechos de preferencia, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, que ha sido la última en eliminarlos.
En las cartas enviadas desde Bruselas se ponía de manifiesto que se producía una «discriminación de los licitadores que aunque tuvieran la misma experiencia y fiabilidad por haber prestado servicios de transporte de uso general por cuenta de la administración pública, no disponen de ningún derecho de preferencia porque no se ha producido ninguna coincidencia de servicio». Por eso, Europa estimó que esta práctica «podría considerarse contraria al reglamento (CE) número 1370/2007, ya que el procedimiento de licitación, accesible a cualquier operador, debe ser equitativo y respetar el principio de transparencia y no discriminación».
Por este motivo, Europa siempre exigió la realización de una nueva licitación.