La térmica de Gas Natural, primer objetivo de las protestas de la Vasco

La central térmica de La Robla, propiedad de Gas Natural Unión Fenosa, será el primer objetivo de las protestas de los trabajadores de la Hullera Vasco Leonesa, que ayer aprobaron un calendario de movilizaciones que pretenden ir intensificando si ni las empresas ni las instituciones públicas dan respuesta al drama al que se enfrentan. Los casi 400 trabajadores de la plantilla, más las subcontratas y empleo inducido (en total, alrededor de 700 familias de la Montaña Central), no están dispuestos a obtener la callada por respuesta a la serie de incumplimientos que han llevado a la compañía minera a solicitar el preconcurso de acreedores y a plantear un nuevo expediente de regulación de empleo de seis meses, que entrará en vigor a finales de este mes.

Las asambleas ratificadas ayer ratificaron el inicio de las protestas el sábado, con una concentración ante la térmica de La Robla. Desde el comité de empresa critican que la eléctrica «se niegue a comprar el carbón que genera la cuenca de la que ha vivido toda la vida, y apueste por el mineral de importación». Los trabajadores mostraron ayer tanto su enfado como la impotencia por los reiterados incumplimientos de los compromisos firmados, tanto por parte de las empresas eléctricas como del Gobierno. «Una situación que ha llevado a la Vasco en los últimos cuatro años a una situación de asfixia económica de la que ahora será muy difícil recuperarse».

Esfuerzo

Los trabajadores también recuerdan el esfuerzo que han realizado en los últimos tiempos para ayudar a la empresa a equilibrar sus cuentas, con rebajas salariales firmadas en los convenios que «nunca se hubieran imaginado en una empresa como esta».

Más allá, después de haber consumido parte de sus prestaciones por desempleo con las regulaciones de empleo del último año, los representantes de los trabajadores advierten de que muchas familias cuya subsistencia depende de la histórica empresa minera se encuentran al límite de su resistencia.

De hecho, temen que en las próximas semanas muchos de ellos tengan que acudir a los bancos de alimentos, y recuerdan que hay familias que ya tienen advertencias de desahucios por impago de sus hipotecas.

Una situación que se verá agravada por la acumulación de nóminas impagadas. La previsión es que a finales de este mes entre en vigor el expediente de regulación de empleo para seis meses, por lo que los trabajadores previsiblemente no cobrarán las primeras prestaciones hasta el 10 de mayo. Para entonces habrán acumulado las nóminas impagadas de febrero, y también de marzo, según se les anunció ayer, además de la extra que tienen pendiente de cobrar del año pasado.

Nadie a quien vender

A lo largo del año pasado la Vasco registró unas pérdidas de 8,8 millones de euros, tanto por el impago de las ayudas por parte del Instituto del Carbón como por «la negativa por parte de determinadas eléctricas de recibir los suministros de carbón establecidos en la resolución», según explica la compañía en su último balance.

El actual ejercicio ha comenzado sin que se establezca el comprometido mecanismo que garantice el hueco térmico que asegure la compra de carbón autóctono, y que además fije el marco en el que las eléctricas deberán afrontar las inversiones medioambientales exigidas por la UE.

Ante esta situación, agravada además por los precios del carbón en el mercado internacional, en enero y febrero la Vasco únicamente «ha podido cerrar acuerdos puntuales» para esos dos meses con algunas eléctricas, con precios que además se fijan cada mes. Pero la previsión de suministro para marzo es mínima, y «no existen acuerdos de suministro para los meses siguientes».

Una situación de incertidumbre de cara al futuroque ha forzado la decisión de enviar al paro a la plantilla durante los próximos seis meses.