Falta de consenso en las Cortes sobre las medidas para relanzar la minería

El pleno de las Cortes de Castilla y León vivió ayer un capítulo de desencuentro político a cuenta de la crisis de la minería y la falta de respuestas a las necesidades del sector. El Grupo Socialista presentó una proposición no de ley con una batería de medidas que, en su mayor parte, fueron tachadas de contener «errores de bulto» por el PP. A su vez los populares presentaron una proposición no de ley alternativa, con cinco puntos, que fue rechazada por el grupo socialista. La PNL del PSOE contó con el voto favorable de IU, pero fue rechazada por la mayoría del PP.

Fuera de las Cortes, y algunos en la tribuna de invitados, un grupo de mineros llevó su protesta hasta la sede parlamentaria.

La propuesta socialista recordaba la importancia del carbón en la generación eléctrica del país, y criticaba la «situación de parálisis y crisis permanente» que ha llevado a sucesivos expedientes de regulación a los trabajadores. «León ha perdido en sólo tres años a la mitad de sus mineros», señalaba, a la vez que criticaba el «cierre desordenado y salvaje» del PP al sector.

Las propuestas socialistas, defendidas por Ángela Marqués, se centran en activar la Mesa Regional de la Minería y crear una comisión de seguimiento del Marco de Actuación 2013-2018; modificiar el impuesto medio ambiental a las empresas eléctricas; impulsar el «sello de calidad» del carbón autóctono que establece el Parlamento Europeo; potenciar la Fundación Santa Bárbara, apoyar los proyectos de captura y almacenamiento de CO2; tomar medidas para la inversión en las cuencas; impulsar la restauración de los cielos abiertos; reclamar por vía judicial al Gobierno el pago de las deudas de empresas y los proyectos de inversión y convocar las ayudas medioambientales de este año. Así como definir «de forma inmediata» el marco normativo estable que garantice el consumo de carbón nacional por parte de las eléctricas.

Estos argumentos fueron rebatidos en buena medida por la procuradora popular Mar González. Desde la Junta se rechaza la supuesta parálisis de la Comisión Regional de Minería, que en noviembre aprobó un comunicado con los sindicatos de apoyo al carbón; y se argumenta la imposibilidad de crear una comisión de seguimiento del plan del carbón porque la Junta no forma parte del acuerdo que firmaron Gobierno, sindicatos y Carbunión, que ya tienen su propia comisión.

Respecto al impuesto medioambiental el PP considera que no beneficia al carbón y puede trasladarse directamente al recibo eléctrico de los ciudadanos; mientras que el sello medioambiental aún no ha sido desarrollado por Europa, por lo que no puede ser trasladado a la legislación española.

Por lo que se refiere a la Fundación Santa Bárbara, que no se ocupa sólo del carbón, la Junta recuerda que en 2014 tuvo récord de alumnos e inserciones laborales; mientras que el Ejecutivo autonómico no forma parte del patronato de la Ciuden, por decisión del anterior Gobierno socialista.

También reitera que agotará la vía administrativa antes de acudir a la judicial para reclamar la deuda de las inversiones realizadas.