Los usuarios asumen el 63% del coste del agua en la cuenca del Duero

¿Cuánto cuesta el agua que sale por el grifo del lavabo de casa? ¿Lo que pagamos por el agua cubre todo el coste del suministro? ¿Quién debe pagar el agua, el que la consume o todos los ciudadanos? ¿Se debería pagar el agua que se utiliza para una actividad económica? ¿Es una cuestión de estado poder disponer de a gua en cantidad y calidad suficiente?

Estas preguntas suelen plantearse en la opinión pública cada vez que aparece un período de sequía, algo que en la cuenca del Duero sucede cada cuatro o cinco. El Plan Hidrológico del Duero evalúa el coste del agua en la cuenca y cómo se paga el suministro de agua en calidad y cantidad

Una de los pilares de la política europea en materia de agua es el ‘principio de recuperación de costes’, es decir, qué porcentaje del coste de suministro del agua es asumido por los usuarios directos. Este principio se basa en la idea de que cuando se paga el coste real del servicio del agua se produce una mayor eficacia en su uso y se contribuye a disponer de recursos económicos para mejorar el suministro y reducir los impactos que el uso del agua supone al medio ambiente. Esta idea es la concreción en el agua de una de las máximas de la política ambiental europea: «quien contamina paga».

La recuperación de costes se ha convertido en una de las batallas administrativas que la Comisión Europea mantiene con los países miembros y que ha llevado a que se abran expedientes sancionadores a países tan «aplicados» como Alemania o Francia. Todos los planes hidrológicos de los países europeos deben dar cuenta de cuál es su nivel de «recuperación de costes» con el fin de que, si éste es escaso, se pongan en marcha medidas legislativas para mejorar esa recuperación.

En España los servicios del agua podemos clasificarlos en tres tipos: el suministro en alta, los servicios urbanos y los servicios para actividades económicas. Hay otros servicios (laminación de avenidas, protección ambiental, etc.) que no se han considerado como servicios del agua por la dificultad de su valoración.

Los «servicios en alta» son los que permiten disponer del agua necesaria para los diversos usos. Aquí incluimos la construcción y mantenimiento de embalses, de grandes canales y tuberías que llevan el agua desde los pantanos hasta los puntos de consumo. Este servicio suele darlo el Estado a través de la Confederación Hidrográfica que financia las obras, las conserva y mantiene. Por esos servicios gira a los usuarios el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, tal y como establece la Ley de Aguas. En ambas exacciones se incluye el coste financiero de las obras ejecutadas y los costes anuales de mantenimiento y explotación de las infraestructuras. En la cuenca del Duero este servicio supone unos 70 millones de euros. Los ingresos anuales por la vía del canon y tarifa señalados un total de 33 millones de euros, importe que pagan todos los usuarios que se benefician de esas infraestructuras.

Los «servicios urbanos» son la potabilización de las aguas, su distribución a los hogares e industrias, y la recogida y depuración de las aguas residuales generadas. Este servicio lo prestan los ayuntamientos, bien por sí mismos, bien mancomunados o a través de empresas externas. Además de las inversiones en redes de distribución y saneamiento, estaciones potabilizadoras y estaciones depuradoras, en estos servicios se integran la operación y mantenimiento de estos elementos. Normalmente para las inversiones en potabilización y depuración las comunidades autónomas o las diputaciones provinciales auxilian a los ayuntamientos más pequeños a través de ayudas a fondo perdido. Estos servicios en la cuenca del Duero están valorados en 383 millones de euros al año, mientras que los ingresos de los usuarios directos ascienden a unos 90 millones de euros.

Los «servicios para actividades económicas» son los que permiten disponer de agua para las diversas actividades económicas como son el regadío, la industria manufacturera no conectada a la red urbana y la industria de producción de energía eléctrica. Estos servicios son la distribución y aplicación del agua para las diversas actividades para lo cual se construyen infraestructuras que se financian por los propios usuarios, como son las de generación hidroeléctrica o térmica, o a través de ayudas públicas, como en el caso de los regadíos de iniciativa pública. El Plan Hidrológico del Duero valora estos servicios en 412 millones de euros al año. Para sufragar estos servicios los usuarios asumen directamente sus costes, o bien lo hacen a través de cuotas o derramas, como es el caso del regadío. De esta manera se ingresan anualmente 380 millones de euros.

Además de estos servicios el Plan Hidrológico del Duero identifica los llamados «costes ambientales». Son aquellos que tienen como fin suprimir? el daño producido al medio ambiente como consecuencia del uso del agua: daño producido a los ecosistemas por la reducción de caudales en un río como consecuencia de la extracción, o el secado de un río por una excesiva explotación de aguas subterráneas, o la contaminación de un río por una escasa depuración de aguas residuales,…. Se valoran estos costes como el importe de las inversiones necesarias para restituir el buen estado de las aguas. Si se tienen en cuenta estos costes los servicios del agua en la cuenca tendrían un valor anual de unos 800 millones de euros. Teniendo en cuenta los ingresos de los usuarios directos señalados más arriba, se llega a la conclusión de que los usuarios del agua pagan el 63% de los servicios del agua, siendo el resto soportado por todos los ciudadanos del país.

Este análisis, con sus limitaciones, nos da una idea de cómo se financia el agua en la cuenca del Duero. Ello permite reflexionar sobre las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Quién paga el agua en la cuenca del Duero? Una parte los usuarios; el resto todos los ciudadanos vivan en la cuenca del Duero o en Cádiz. ¿Hay que subir el precio del agua? Más que subir el precio del agua deberíamos plantearnos si el modo de repercutir los costes es el adecuado y si una mayor carga económica sobre los usuarios supondría un mejor uso. En la cuenca del Duero sólo se identifica déficit de agua para algunos usos y en determinadas zonas, por ejemplo la agricultura en dos zonas de la cuenca, Órbigo y Carrión. Probablemente una mayor carga económica ligada al volumen de agua utilizada por esos usos permitiría ser más eficientes en su aplicación, se garantizaría el suministro y habría un menor impacto sobre el medio ambiente.

Dos cuestiones más quedan abiertas a la discusión en la consulta pública del Plan Hidrológico. La primera es si deben repercutirse a los usuarios los costes ambientales del uso del agua, tal y como exige el principio de «quien contamina paga». La segunda si debería cobrarse el recurso del agua para aquellos usos ligados a una actividad económica privada, al menos para restituir el daño ambiental que pudiera producirse.