El PP tumba siete enmiendas a la totalidad para sacar en solitario la Ley de Montes
García Tejerina defendió ayer en el Congreso su propuesta más polémica con el rechazo de oposición, ecologistas y forestales.
Un grupo de forestales leoneses, ayer a las puertas del Congreso protestando por la Ley.
El Grupo Popular rechazó ayer las siete peticiones de la oposición en el Pleno del Congreso para retirar y devolver al Gobierno la reforma de la Ley de Montes, a pesar también de la oposición de ecologistas y agentes forestales. Se trata de una de las leyes medioambientales más polémicas de esta legislatura, que afectará al más del millón de hectáreas de superficie forestal repartidas en la provincia de León.
Las enmiendas de totalidad correspondían al PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, ERC, BNG y Amaiur, que pedían la retirada del texto del Gobierno.
A la protesta también se unieron los ecologistas y los forestales que se agolparon a las puertas del congreso para escinficar su rechazo. Todos ellos se quejan de que esta norma va a generar problemas administrativos y duplicidades, inseguridad jurídica, va a privatizar y degradar los bienes públicos ambientales, además de que es «innecesaria» porque su objetivo es reducir tanto su eficacia como las garantías medioambientales en la protección del medio natural, aparte de que no había una demanda social para llevarla a cabo.
A juicio de Pilar Lucio, del PSOE, esta reforma responde a una ideología «retrógrada» para «la privatización, mercantilización y precarización del medio ambiente». «No nos gusta y nos parece grave y completamente posible de justificar el permitir recalificar terrenos quemados. Supondría dar armas de destrucción masiva a delincuentes y especuladores», ha avisado.
Olaia Fernández, del BNG, ha alertado de que abre la puerta a que se elimine en base a «un criterio indeterminado y que puede ser arbitrario» la prohibición de recalificación de terrenos quemados durante un periodo de 30 años cuando en comunidades autónomas, como Galicia, hay preocupación por la actividad incendiaria en montes.
«El PP continúa con su política contra el medio ambiente. Esta ley no supone ninguna mejora en la gestión forestal integral, ni establece medidas necesarias para salvaguardar los ecosistemas, la lucha contra los incendios. Pone en primer lugar los intereses privados, como los constructores, cazadores, o sector maderero. Es especialmente sangrante la desvalorización que hace de los agentes forestales», ha lamentado el diputado de Compromis.
La representante del partido republicano catalán, Teresa Jordà, ha señalado que este proyecto de ley supone «un ataque directo» a los agentes forestales y les impide denunciar delitos medioambientales.
El diputado del PNV ha sugerido que acudirá al TC en cuanto entre en vigor esta normativa por la invasión competencial que representa. «Hay más de una invasión competencial y desconocimiento que no lo considero innvoluntario». La diputada de Amaiur, Maite Ariztegui, ha coincidido con el objetivo «recentralizador de la norma».
Desde CiU, Martí Barberá ha explicado que su formación no había presentado enmienda de totalidad porque algunas de las novedades introducidas con la ley permiten aplicar las líneas previstas en el programa de CiU en el ámbito forestal y van alineadas con las políticas emprendidas por la Generalitat.
Así, ha puesto de ejemplo el considerar como «principio inspirador» a los montes como «infraestructuras verdes» o su capacidad de multifunción. Eso sí, ha criticado la invasión competencial que a su juicio implica esta ley.
El debate de la Ley fue iniciado por la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha destacado que los objetivos de la norma son «proteger la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento económico».