nuevo mecanismo del carbón
Industria recorta a la mitad la compra de carbón en las térmicas que se adapten
El sector calcula que el incentivo a las eléctricas cubre apenas un 50% de la inversión.
Barricada en la línea férrera entre León y Gijón, a la altura de Ciñera.
El Ministerio de Industria publicó ayer finalmente la propuesta de Orden por la que regula el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental de algunas instalaciones de producción de electricidad, la herramienta que mineras y eléctricas llevan esperando desde finales del año pasado para conocer el escenario en el que se moverán sus relaciones hasta 2019, cuando se haga efectivo el cierre de la minería no rentable. Un mecanismo que en un primer análisis ha contribuido a ahondar el desencanto del sector minero, ya que establece incentivos a las eléctricas que subvencionan como máximo poco más de la mitad de las cantidades de carbón que teóricamente debía haber sido consumido el año pasado, según el real decreto de restricciones por garantía de suministro. Y que se aleja también de las necesidades de inversión que alegan las eléctricas para adaptar sus centrales térmicas a la directiva europea de emisiones industriales. Una decisión que deben tomar como muy tarde el próximo mes de septiembre.
La orden ministerial establece que desde este año hasta finales de 2018 se incentiva a las térmicas por la compra de carbón autóctono «equivalente a una cantidad anual en términos de energía unitaria de 4.025.000 termias» de poder calorífico superior por cada megavatio instalado.
En el caso de las térmicas leonesas (los tres grupos de Compostilla y el de La Robla, porque Anllares no se adaptará a la directiva), teniendo en cuenta el poder calorífico de las explotaciones provinciales, esta decisión supone incentivar a las eléctricas como máximo menos del 60% de las toneladas que teóricamente tenían que haber suministrado el año pasado según el real decreto, aunque en la práctica las compras se redujeron sensiblemente.
El carbón leonés tiene una media de 5.000 termias por tonelada, lo que supone en el caso por ejemplo de Compostilla que con la orden ministerial se subvencionaría un máximo de 845.000 toneladas anuales, cuando el real decreto de restricciones obligaba a Endesa a comprar más de dos millones de toneladas.
Respecto a las inversiones necesarias para que las térmicas se adapten a la directiva de emisiones, fuentes consultadas calculan que el incentivo que establece la orden ministerial apenas cubriría la mitad de lo necesario, cuando en las negociaciones llevadas a cabo en los últimos días se creía pactada una financiación de prácticamente el cien por cien de la inversión.
El mecanismo
El mecanismo de capacidad para realizar inversiones en desnitrificación de las centrales térmicas acogidas a la orden contempla que las instalaciones de producción del sistema eléctrico peninsular que utilicen carbón autóctono recibirán un incentivo en «concepto de pago a la inversión en mejoras medioambientales de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno». Será una retribución por unidad de potencia vinculada a las inversiones para adaptar las centrales a la directiva de la UE sobre emisiones industriales.
Se establece una retribución de 72.000 euros por megavatio instalado; y para ello las térmicas deben comprar «cada año desde 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 el carbón autóctono equivalente a una cantidad anual en términos de energía unitaria de 4.025.000 termias PSC/MW instalado».
Para recibir el pago del incentivo las eléctricas deben presentar los contratos de compra de carbón cada año, que «deberán estar suscritos en un plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de entrada en vigor de la orden»; junto con el compromiso de realización de las inversiones medioambientales, que «tendrá carácter vinculante», y que incluirá un calendario de ejecución. También deberán contabilizar de forma separada los costes imputables a la generación con carbón nacional.
El plazo límite para solicitar el pago por las inversiones será el 31 de diciembre de 2016. Cuando reciban la autorización administrativa recibirán el 20% de la inversión, y el resto se abonará en pagos mensuales. Aunque podrán optar por recibir de forma provisional una cantidad equivalente al 80% restante del valor de la inversión.
También establece la orden ministerial que los incumplimientos darán lugar a la «pérdida del derecho a la percepción del pago por inversión, debiendo proceder la empresa titular de la instalación afectada a la devolución de las cuantías que hubiese percibido».