Herrera cuestiona al ministro Soria y le alerta por carta de que la orden de compra hundirá al carbón

El presidente Herrera ha remitido al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, una carta en la que pone en duda la eficacia de la orden ministerial para regular el suministro de carbón a las compañías eléctricas, de la que la Junta ha recibido un borrador para comentarios. El máximo responsable del Ejecutivo castellano y leonés expone lo que se consideran errores o medidas de escaso alcance a juicio del sector y de los técnicos de la Junta, de manera que ni las eléctricas encontrarán el incentivo para adaptar sus emisiones a la normativa europea ni el volumen de carbón que adquiriesen resultaría suficiente para mantener la actividad extractiva, al reducirlo a la mitad de lo previsto inicialmente para el año pasado.

Juan Vicente Herrera no ha querido esperar a que los técnicos tengan preparadas las alegaciones al borrador de la orden para advertir al responsable de Industria —en una carta fechada este lunes— de las valoraciones «muy negativas» de la orden, cuyo borrador se había recibido sólo tres días antes y solicita al ministro que adopte las medidas urgentes precisas para garantizar «la estabilidad y viabilidad a corto y medio plazo de un sector social y económicamente tan importante para esta Comunidad y creo que también para el conjunto de las necesidades energéticas de España».

El Gobierno de la Comunidad considera que el texto parte de un «error» al «referirse prioritariamente al carbón autóctono como su motivación principal», en vez de enmarcarlo en criterios como «la seguridad del suministro, la cobertura de la demanda y la evolución de ésta, conforme a la cual parece que es más racional adaptar las actuales térmicas de carbón nacional que construir la nueva potencia que será necesaria si no se produce esa adaptación». Estos objetivos que plantea el presidente como punto de partida resultan, a su juicio, «más coherentes con la política europea» que el planteamiento del ministerio.

Por otra parte, Herrera advierte de que en los términos actuales, la orden «no sirva para incentivar a las eléctricas a acometer las inversiones tecnológicas de modernización en sus centrales», debido a que las ayudas medias previstas para adaptar las plantas a las exigencias de la Directiva de Emisiones industriales «se quedan muy lejos de los porcentajes de ayuda que llegaron a plantearse inicialmente».

Otra circunstancia que recoge la carta es la cantidad de carbón que condiciona la percepción de las ayudas para las eléctricas, «totalmente insuficiente» para mantener un volumen mínimo de producción y venta de carbón nacional. Posiblemente, explica, «se ha tomado como base la compra real de 2014, que por las circunstancias conocidas fue muy reducida». De estas cifras se desprende, según los primeros cálculos, una reducción de casi el 50% del volumen de compra previsto para 2014 en la Resolución de tu propio Secretario de Estado de 30 de diciembre de 2013».

El presidente de la Junta subraya la urgencia de adoptar «de forma inmediata cuantas medidas sean necesarias para garantizar a corto plazo» la continuidad de la minería del carbón. Herrera repite al ministro «lo que intenté explicarte en nuestra reunión de la semana pasada», en cuanto a que la actividad extractiva se sustenta en Castilla y León en empresas privadas para las que «los tiempos se agotan, y las empresas y sus trabajadores se encuentran en una situación límite», sin garantía de que las mermadas producciones «continúen después de mayo. Con la práctica suspensión de sus pagos y del cumplimiento de sus obligaciones. Y anunciando expedientes de regulación del empleo de las empresas mineras y de sus contratas».

El rechazo sindical

Tampoco ha gustado el borrador a CC OO y UGT, que ayer anunciaban en un teletipo de la Agencia Ical su rechazo a la propuesta de Industria por incumplir el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018. CC OO ya ha presentado sus alegaciones, al igual que UGT, y augura el cierre inmediato de algunas explotaciones y la reducción de plantilla en otras. Para UGT, tras el esfuerzo de empresas y trabajadores se esperaba que se retomaran las previsiones de producción del marco de actuación pactado y no una orden de compra «irreal».