Dos incendiarios condenados este año
La Audiencia Provincial ha dictado dos sentencias condenatorias contra los responsables de originar incendios forestales al menos en dos ocasiones en lo que va de año. En uno de los casos, dictó sentencia por conformidad contra un vecino de Cabrillanes, mientras que en el segundo se ratificó el fallo de un juzgado de lo Penal de los de León.
La primera sentencia aludida es del 9 de marzo y se refieren a un incendio sucedido en Quintanilla de Babia (municipio de Cabrillanes), el 11 de abril de 2011. Antes del día señalado para la vista, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de conclusiones con la conformidad de la acusación particular, ejercida por la Comunidad Autónoma, y de la defensa. La sala condenó al acusado a las penas de un año de prisión, doce meses de multa con una cuota diaria de 4 euros y a indemnizar a la Junta con 6.586,24 euros por un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave.
El acusado admitió que se acercó hasta el paraje de Valdenaveo, utilizado para pastos, en su coche particular, que detuvo para internarse en el monte y, «de forma intencionada, empleando un mechero o similar, prendió fuego en unos matorrales». Tres personas presenciaron los hechos. Las llamas afectaron a 3,98 hectáreas de matorral y monte bajo y para su extinción se empleó una cuadrilla y un helicóptero.
Por otra parte, el 29 de febrero, la Audiencia ratificó una pena de nueve meses de prisión por un delito de incendio forestal por imprudencia grave, una multa de 1.620 euros, así como a indemnizar a la junta con 6.697,95 euros y a un tercero con 2.000 euros, así como al pago de las costas del juicios, impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de León a un agricultor de la Cepeda.
La sala considera probado que el acusado realizaba labores agrícolas 18 de marzo de 2009 en una parcela de su propiedad situada en Sueros de Cepeda (término municipal de Villamejil), cuando prendió fuego a la maleza para «eliminar la vegetación baja sobre su finca y la colindante» y sin haber obtenido la autorización administrativa para proceder a la quema.
El campesino abandonó el lugar y se dirigió a otra parcela de su propiedad, a unos dos kilómetros de distancia, creyendo que el fuego estaba controlado. Sin embargo, se propagó por las fincas colindantes y afectó a 32,36 hectáreas, de las que 6 eran superficie forestal. Las llamas afectaron a 110 pinos y 18 castaños. El coste de las labores de extinción ascendió a los casi 6.700 euros de indemnización en favor de la Junta.