El PSOE ve en el pago de un tesorero la quiebra de los pequeños municipios
Rodríguez Aller rechaza la agrupación de ayuntamientos para compartir los gastos.
El portavoz del grupo socialista en la Diputación y alcalde de Vegacervera, Luis Rodríguez Aller, anunció ayer que asumir una plaza de funcionario con habilitación nacional que asuma las funciones de tesorería «supone el fin de los pequeños municipios», ya que el coste de la plaza, si finalmente tuvieran que asumir su mantenimiento económico, supondría la quiebra de muchas haciendas locales «que ya andan muy justas para mantener los servicios que prestan».
El diputado socialista explicó que el problema a propósito de la tesorería en los municipios de menos de 5.000 habitantes se plantea en julio, con la entrada en vigor de la ley sobre reutilización de la información del sector público, que modifica la reforma local y apunta a las diputaciones provinciales como garantes de que los municipios dispongan de un funcionarios de carrera habilitado nacional para ejercer las funciones de tesorería y recaudación mientras no se desarrolle el reglamento relativo a los habilitados nacionales que prestan sus servicios en las corporaciones locales.
El diputado no entiende que «cuando haya que efectuar un pago ordinario a un proveedor tenga que desplazarse un funcionario desde León» y aboga por mantener la actual estructura, en la que la facturas se atienden con las firmas «de secretario-interventor, el concejal tesorero y el alcalde», lo que, en su opinión, «es suficiente fiscalización» de las cuentas municipales, función que corresponde al interventor.
La agrupación
«O el Gobierno asume los gastos o esto supone la desaparición de los ayuntamientos más pequeños», señaló Rodríguez Aller, que apunta que municipios como el que rige «no aguantan ya el coste de la plaza de secretario-interventor, por lo que lo comparten con otro municipio», mediante la figura de la agrupación. Rodríguez Aller señaló que esta solución que algunos ayuntamientos han dado a la secretaría no es válida, sin embargo, para el interventor, como ha apuntado la Junta de Castilla y León, pues «más del 70% de los ayuntamientos de la provincia tienen menos de 2.000 habitantes».
El portavoz socialista en el Palacio de los Guzmanes anunció que su grupo llevará al próximo pleno de la corporación provincial una moción encaminada a que los municipios de menor tamaño «no se vean paralizados» por no disponer de tesorero conforme al cambio normativo. El objetivo es que el gobierno central renuncie a esta pretensión «al igual que sucedió con la exigencia de que las juntas vecinales tengan un secretario con habilitación nacional».
Rodríguez Aller no ofreció datos sobre el coste que supondría para los ayuntamientos la plaza de tesorero, la ocupe un habilitado nacional u otro funcionario. En cualquier caso, dijo, «supone incrementar los gastos» como fruto «de legislar desde las ciudades, desde Madrid, sin tener en cuenta la diversidad que existe en España».
Por otra parte, indicó que la preocupación por la nueva normativa no es exclusiva de la provincia y la Comunidad autónoma, sino que también se extiende a otros territorios, según ha podido comprobar «en conversaciones con otros compañeros».
Los socialistas de Castilla y León han visto con especial preocupación la situación en que deja la norma a los municipios de 5.000 habitantes, que en León suponen 200 de los 211 que existen en la provincia.