LA CRISIS DE LA MINERÍA
El Gobierno deberá pagar a Alonso los 50 millones que denegó a sus mineras en 2013
Una sentencia de la Audiencia Nacional admite que Uminsa y Coto Minero cumplían las condiciones para recibir las ayudas
Instalaciones del pozo Santa Cruz, de Uminsa, en una imagen de archivo
El Gobierno deberá pagar al empresario minero Victorino Alonso los 50 millones de euros en ayudas a la producción de carbón correspondientes a la convocatoria de 2012 y que fueron denegadas a Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico en una resolución dictada en 2013. Así lo ordena la Audiencia Nacional en una sentencia en la que reconoce que las dos mineras del Grupo Alonso sí cumplían las condiciones para recibir las subvenciones, — 19.817.161 euros para Uminsa y 29.332.620 para Coto Minero Cantábrico—, que fueron denegadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por considerar que las empresas tenían deudas con la Seguridad Social. El Grupo Alonso recurrió las resoluciones del Instituto del Carbón ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
El fallo anula las resoluciones del departamento dirigido por José Manuel Soria porque considera probado que, en el momento de efectuar la solicitud de las ayudas, ambas empresas sí estaban al corriente de los pagos.
La sentencia, que obliga al Consejo de Ministros a acordar la aprobación del pago, puede tener más repercusiones ya que la denegación de esa línea de ayudas supuso la entrada en concurso de acreedores de ambas compañías, una situación que CMC, hasta entonces la primera minera del país, no logró superar y supuso su liquidación y su posterior venta. La empresa en activo propiedad de Alonso, Uminsa, que consiguió superar la situación de concurso de acreedores en octubre de 2014, ya ha anunciado que reclamará al Gobierno la responsabilidad patrimonial correspondiente, según recoge Efe. Además, tanto Uminsa como Coto Minero Cantábrico se quedaron también fuera de la convocatoria de ayudas de 2013, precisamente por encontrarse en concurso.
Desde los sindicatos, CCOO pedirá responsabilidades políticas al Gobierno, ya que, según el responsable de minería, José Luis Villares, la decisión de no aprobar las ayudas se hizo con conocimiento «de que era ilegal», señaló a Efe. Por su parte, el secretario general del sindicato Soma-Fitag-UGT de Asturias, José Luis Alperi, instó al Gobierno Central a que pague «lo más pronto posible» las ayudas a Uminsa. «Esperemos que lo hagan lo más pronto posible, que cumplan la sentencia y paguen lo que tengan que pagar», ha declarado Alperi preguntado por la decisión judicial que da la razón a esta empresa minera en su reclamación. «Este dinero viene a dar un respiro a la empresa, pero siempre y cuando se pague mientras pueda hacer uso de ello, porque estamos a 11 de septiembre y todavía no se han pagado las ayudas de 2015, por lo tanto, si la sentencia se va a tardar en ejecutar, no va a tener la misma utilidad», declaró.